La Abogacía del Estado intenta apartar a la Fundación Franco

Alega ante el Supremo que no hay relación entre sus fines estatutarios y el objeto del recurso.

La Abogacía del Estado ha presentado alegaciones ante el Tribunal Supremo para que inadmita el contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) contra el acuerdo por el que el Consejo de Ministros pretende exhumar y trasladar los restos del dictador al considerar que no existe relación entre sus fines estatutarios y el objeto del recurso.

En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la Abogacía alega la «falta de legitimación activa de la parte recurrente» puesto que considera que el rechazo a los acuerdos del Gobierno –del 15 de febrero y marzo pasados– acerca de la exhumación «no legitima activamente» a la Fundación, pese a que los considere «una afrenta para el interés fundacional», pues se basa «dicho título en una apreciación subjetiva», y remarca que el Consejo de Ministros «se limita a dar cumplimiento a un mandato legal». Para el letrado del Gobierno, «es evidente que la exhumación (y su posterior reinhumación) no impide que la Fundación siga cumpliendo con sus fines fundacionales de preservar el legado y la memoria de Franco [...] a menos que se piense que dicho legado y memoria depende del lugar de ubicación de su sepultura».

Insiste la Abogacía en que «el lugar de inhumación» es «indiferente para la difusión, estudio y conocimiento sobre la vida, legado y obra [de Franco] en sus dimensiones humana, militar y política», fines con los que la citada Fundación se constituyó el 8 de octubre de 1976. Y apunta en consecuencia que «el fin fundacional puede desarrollarse con abstracción absoluta del lugar de inhumación de Francisco Franco y, por tanto, indiferentemente a que esté o no sepultado en el Valle de los Caídos», donde lleva enterrado desde noviembre de 1975.

La Fundación Franco ha presentado a su vez alegaciones «contra estas pretensiones del Gobierno a través de la Abogacía del Estado», basándose «en la ley» y «la jurisprudencia» para explicar «la íntima conexión entre la exhumación, traslado e inhumación» de los restos con los «fines y objetivos» de la entidad que preside el general en la reserva Juan Chicharro.

Considera que «se trata de una nueva pretensión de poner trabas en el correcto desarrollo del proceso» porque «al abogado del Estado le consta otro recurso contencioso-administrativo planteado en similares términos al que es objeto de estas alegaciones» –acerca de la retirada de una estatua ecuestre de Franco en Madrid en 2005– «en el que no se suscitó la falta de legitimación activa sin que, además, la Administración haya negado expresamente tal falta de legitimación».

La Fundación defiende la «íntima conexión» entre la exhumación, traslado y reinhumación con su objeto estatutario y subraya el «daño moral» que la medida le causaría, «máxime» –señala– «cuando no se ha respetado la voluntad» de que el cuerpo sea enterrado en un nicho propiedad de la familia en La Almudena. «Se está atentando contra la esfera espiritual del sujeto» [Franco] porque, en su opinión, «esta situación lesiona, objetivamente, derechos de la personalidad», y los «daños ocasionados afectan a la esfera interna, es decir, al ámbito moral del individuo». Ahí reside para la FNFF «la verdadera esencia del daño moral».

La Fundación es una de las cuatro partes que se oponen al traslado de Franco junto a los nietos, la abadía benedictina de Cuelgamuros y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Una vez paralizada la exhumación el 10-J, el Supremo decidirá sobre el fondo de la cuestión previsiblemente tras el verano.