La adjudicación «a dedo» del alcalde de Sabadell se cerró en la sede del PSC

Los pinchazos telefónicos a los dirigentes políticos les pusieron en evidencia, aunque alegaron que las conversaciones habían sido sacadas de contexto. Sin embargo, ayer una de esas conversaciones hizo cambiar de versión a una testigo del «caso Mercurio», que, por el momento, le ha costado el cargo de alcalde de Sabadell, al socialista Manuel Bustos, y ha obligado al secretario de Organización de la formación, Daniel Fernández, a abandonar este cargo temporalmente, aunque mantiene el acta de diputado en el Parlament, desde que fue imputado por tráfico de influencias.

La Fiscalía sostiene que Fernández, secretario de Organización desde 2011, y la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, se reunieron el 18 de mayo de 2012 en la sede central del PSC para presuntamente amañar un concurso municipal para colocar a una ex alto cargo del tripartito, Carmina Llumà, como directora del área territorial del Ayuntamiento. Después, Fernández llamó al alcalde de Sabadell y le informó de que se había reunido con la alcaldesa de Montcada y también la concejal de Seguridad Ciudadana, Carmen Porro, y que el asunto estaba arreglado. En su declaración ayer como testigo, la concejala de Seguridad Ciudadana aseguró que había acompañado a la alcaldesa a la sede del PSC, pero no había entrado en la reunión a preguntas del juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril. Sin embargo, tras la reproducción de la conversación entre el secretario de organización y la alcaldesa, la concejala cambió de versión y dijo que no se acordaba de si había participado en el encuentro o no. La cita en la sede central de los socialistas catalanes se produjo apenas tres días después de que el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Pedro Carrión, confirmara que Carmina Llumà había sido declarada «no apta» para el cargo por parte de la psicóloga responsable. Los investigadores consideran que la evaluadora recibió presiones y, según declaró al juez como testigo, bajó el listón para cambiar los criterios del cargo municipal.

Fuentes de la defensa concretaron ayer a Ep que no se produjeron presiones, sino una «concreción» de las necesidades para el cargo, en el que no se buscaba tanto un perfil de liderazgo sino un experto en urbanismo. Cuando Bustos declaró como imputado en esta causa, aseguró que «nadie presionó a nadie». Sin embargo, en una de las conversaciones que forma parte del sumario, Daniel Fernández pide que cambien el «no apta» de Llumà por un «apta». Se defendió diciendo que se había limitado a opinar sobre un cargo sin saber que se había puesto en marcha un proceso de selección y que el nombramiento no era a dedo. El cargo de Llumà, que no ha sido llamada a declarar porque no hay pruebas que la incriminen, está remunerado con 52.000 euros anuales.