La Audiencia deja en libertad al ex presidente del PRI al descartar indicios de blanqueo

Humberto Moreira no podrá salir de España hasta que el tribunal ratifique la decisión del juez Pedraz. Tras intervenirle el teléfono en junio de 2014 por orden judicial, no se hallaron indicios de delito y cesó la investigación contra él

Humberto Moreira (c), a su salida de la cárcel de Soto del Real. Moreira fue puesto hoy en libertad al considerar que no hay indicios de que blanqueara dinero en España.
Humberto Moreira (c), a su salida de la cárcel de Soto del Real. Moreira fue puesto hoy en libertad al considerar que no hay indicios de que blanqueara dinero en España.

Humberto Moreira no podrá salir de España hasta que el tribunal ratifique la decisión del juez Pedraz. Tras intervenirle el teléfono en junio de 2014 por orden judicial, no se hallaron indicios de delito y cesó la investigación contra él.

El ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Humberto Moreira quedó ayer en libertad por orden de la Audiencia Nacional, tras declarar durante una hora ante el juez Santiago Pedraz.

En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción –que vincula al ex gobernador de Coahuila con el cártel de los Z, una de las grandes organizaciones criminales del narcotráfico en México–, el magistrado no aprecia indicios de blanqueo en los 199.079 euros que ingresó Moreira en España en 2013 y 2014, procedentes sobretodo de dos de sus empresas en México, Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios y Asesoría y Publicidad.

El político mexicano, no obstante, no podrá salir de España y ha tenido que entregar su pasaporte, una medida que seguirá en vigor hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratifique, en su caso, la decisión del magistrado ante un más que previsible recurso de apelación de la Fiscalía.

En la resolución en la que Pedraz acuerda la libertad de Moreira –a la que ha tenido acceso LA RAZÓN–, el juez de la Audiencia Nacional recuerda que el ex presidente del PRI ha sido investigado en el marco de una causa abierta en marzo de 2014, a instancias de la Fiscalía, en la que según ha podido saber este periódico figura al menos otra docena de personas. Y es que, según las autoridades de EE UU, mientras fue gobernador de Coahuila, entre 2005 y 2011, “malversó varios millones de dólares que fueron objeto de blanqueo”, una supuesta actividad delictiva que habría continuado al trasladarse a vivir con su familia a Barcelona a finales de 2012, después de que su hijo José Eduardo fuese asesinado en octubre, presumiblemente a manos del cártel de los Z.

Fueron precisamente las autoridades estadounidenses las que reclamaron a la Audiencia Nacional, mediante una comisión rogatoria cursada en septiembre de 2013, que se interviniera el teléfono en España de Moreira. Sin embargo, tras autorizar esa medida en junio del pasado año, no se constató «actividad alguna relacionada con el blanqueo de capitales ni aun de operaciones relacionadas con organización criminal alguna”, sino únicamente «conversaciones con personas de México sobre políticos», algunas relacionadas «con la investigación de Estados Unidos». En diciembre de 2013, el ex mandatario del PRI regresó a México tras cursar en la Universidad de Barcelona un máster de Comunicación y Educación. La Policía española apuntó entonces al juzgado que su estancia en España se debió “a la situación política” que atravesaba Moreira en su país, “probablemente debido a la investigación estadounidense”.

Un testigo protegido lo vinculó con los Z

Así, desde julio de 2014, cuando concluyeron los “pinchazos” telefónicos, «no se ha solicitado diligencia alguna respecto a él» (pese a que regresó a nuestro país durante un mes en 2015) hasta su detención en Barajas hace una semana por orden de Anticorrupción. De hecho, el juez Pedraz acordó el 5 de febrero del pasado año el archivo provisional de la causa, que la Fiscalía recurrió ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le obligó a reabrirla. En su apelación, subraya el magistrado, Anticorrupción “no mencionaba, ni por referencia indirecta, al Sr. Moreira, basando su recurso exclusivamente en la investigación a los otros querellados”. Del ex presidente del PRI, subraya, no ha aflorado desde entonces “dato nuevo alguno” por lo que “no se ha practicado ni solicitado diligencia alguna” respecto a él.

Tras retomar la investigación, Pedraz viajó en noviembre de 2015 a San Antonio (Texas) para practicar diversas diligencias en relación con los imputados. Allí, un testigo protegido habría vinculado a Moreira con el cártel de los Z, quien según él le habría aupado en su día al cargo de gobernador de Coahuila. Ayer, el ex presidente del PRI negó expresamente al juez cualquier relación con los señores del narco en México, a quienes incluso atribuyó el asesinato de su hijo, según fuentes jurídicas.

El magistrado añade en su resolución que la defensa del investigado, que ejerce el abogado español Manuel Ollé, “ha presentado múltiple documentación” para justificar el origen de esos casi 200.000 euros bajo sospecha, a los que Anticorrupción atribuye un origen ilícito. Pero esa documentación, sostiene Pedraz, “justifica que el mismo procede de sociedades de las que él mismo es socio mayoritario”, unas empresas que “existen y tienen actividad”.

No se trata de “empresas fantasma”

Moreira aportó al juez documentos que prueban que en 2013 ingresó, en concepto de honorarios/dividendos 44.038,77 euros de su sociedad Negocios, Asesoría y Publicidad; 125.267,31 de Unipolares y Espectaculares del Norte, otra de sus empresas; tres préstamos a su favor de Nuevo Milenio de 2013 a 2015, que devuelve quincenalmente “detrayéndose de sus honorarios” y 55.458,26 euros de una transferencia efectuada desde México por una persona de confianza que cobró un cheque en su nombre y se lo transfirió para la compra de un coche y “elementos mobiliarios”.

“Con ello basta para descartar el delito de blanqueo”, concluye el juez de la Audiencia Nacional, para quien “no se acredita el origen ilícito del dinero” al tratarse de traspasos de cuentas de sociedades de las que es socio mayoritario “a cuentas de él mismo en España”, descartándose incluso que existan indicios de que se trate de empresas “pantalla o fantasma”.

La conclusión de Pedraz es contundente: “Podrá o no haber cometido la malversación y posterior blanqueo en México o Estados Unidos, mas no se acredita siquiera indiciariamente su comisión en España, ni aun en parte”.

De hecho, continúa el instructor, aunque Estados Unidos abrió una investigación contra Moreira, de haber encontrado motivos para considerarle responsable criminalmente, “hubiera librado la oportuna orden internacional de detención”. En todo caso, para el juez de la Audiencia Nacional resulta “obvio” que no cabe mantener “una doble investigación” que en nuestro país “no ha avanzado”, al margen de que España “no tendría jurisdicción” en aplicación del principio de non bis in idem (que impide instruir dos causas al unísono sobre idénticos hechos).

Transferencia de 55.458 euros de una persona “de confianza”

Las autoridades de EE UU alertaron a España en 2013 del ingreso en ocho meses (de enero a septiembre de ese año) de 155.598,23 euros en una cuenta de Moreira, 95.809 de ellos mediante transferencias de las dos sociedades referidas, otros tres ingresos en efectivo que suman 4.330 euros y una transferencia de 55.458, 26 euros de Rolando Leos, que fue director de Alimentación y Desarrollo Comunitario durante el mandato de Moreira como gobernador de Coahuila, la “persona de su confianza” a la que el abogado del político mexicano se refirió ayer en la comparecencia ante el juez.

En otra cuenta,entre febrero y septiembre (siempre de 2013) recibió transferencias mensuales por valor de 26.181,25 euros y un ingreso en efectivo de 2.300. En total, 28.481,26 euros. Por último, en una tercera cuenta abierta en febrero contaba con 15.000 euros. Sumados todos esos montantes arrojan la cifra de 199.079,48 euros que puso en alerta a la Fiscalía Anticorrupción.

Tras conocer la resolución del magistrado, el abogado de Moreira aseguró a los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional que la decisión de Pedraz debe llevar «al sobreseimiento» de las actuaciones respecto a su cliente, quien por ahora tendrá que permanecer en España. Con permiso, claro, de la Fiscalía Anticorrupción.