La Audiencia investigará si hubo sedición en los disturbios de Barcelona

Pide a la Guardia Civil que le informe de todas los obstáculos que se encontraron los agentes.

La Audiencia Nacional investigará, tal y como le pidió la Fiscalía, si en las movilizaciones que los pasados días 20 y 21 trataron de impedir los registros en varias consejerías de la Generalitat por el referéndum ilegal del 1-O se pudo cometer un delito de sedición. La magistrada Carmen Lamela considera que los hechos son competencia de este tribunal, «no porque los delitos de sedición con carácter general sean competencia de la Audiencia Nacional», sino al ser el objetivo de esas protestas «cambiar ilegalmente la organización del Estado» con la independencia de Cataluña, lo que, según la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia, supone incurrir en un delito contra la forma de Gobierno. Una competencia, insiste, que corresponde a este tribunal al margen de que la nomenclatura de esos delitos contra la forma de Gobierno haya cambiado en el Código Penal.

Lamela accede así a la petición del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y pide a la Guardia Civil que elabore un atestado donde le informe de todas las actuaciones que se llevaron a cabo para impedir a los agentes cumplir con las órdenes del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

La denuncia de la Fiscalía no identificaba a los posibles responsables de esa hipotética sedición, pero sí instaba a esclarecer la identidad de quienes habían «inducido, sostenido o dirigido» esas protestas. En su resolución, la magistrada sí hace referencia a dos personas a las que también identificó el Ministerio Público en su escrito: el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, dos de las organizaciones que lideran el frente soberanista. «Ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil –recuerda–, llamaron a la movilización permanente», frente a la sede de la Consejería de Economía, a favor del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional «y en contra de las actuaciones para impedirlo».

Lamela cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de sedición, que castiga con penas de hasta 15 años de prisión a quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes» o a cualquier funcionario el cumplimiento de las resoluciones judiciales. De la denuncia de la Fiscalía, subraya la instructora, «se infiere desde luego la existencia de una multitud de personas ante los edificios que eran objeto de registro que, de forma desordenada y violenta (golpeando y causando daños considerables en coches oficiales, pinchando sus ruedas, atacando la sede del PSC, donde agredieron a militantes socialistas, e impidiendo a agentes de la autoridad y funcionarios públicos abandonar los locales registrados) trataban de impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley» y de las resoluciones judiciales.

La finalidad última de esas movilizaciones, argumenta la magistrada, era forzar la celebración del referéndum para «conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes los intervinientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales». Esa conducta, además de un delito de sedición, añade, iba encaminada «a romper la organización territorial del Estado» por lo que «atenta contra la forma actual de gobierno en España».