La Audiencia lleva a juicio a Camps por el "caso Fitur"ante el "arsenal de indicios"contra él

El juez De la Mata envía al banquillo a Francisco Camps por prevaricación, fraude y tráfico de influencias, pero no por malversación

Tras recibir el respaldo de la Sala de lo Penal a su instrucción, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado llevar a juicio a Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos para el montaje del stand de la Generalitat Valenciana en la edición de 2009 de Fitur, la Feria Internacional del Turismo. El magistrado sustenta su decisión en la existencia de un "arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado", que permiten afirmar, subraya, que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana "participó en el direccionamiento del contrato de Grandes Eventos Fitur 2009 a favor de Orange Market". Y todo ello lo hizo supuestamente, continúa el instructor, "para favorecer"a la empresa de la "trama Gürtel", "como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tenía con Orange Market y su colaboración al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el Partido Popular utilizaba para ir cancelando la indicada deuda". Según el relato del magistrado, Camps dio indicaciones a Dora Ibars, entonces directora general de Promoción institucional del Gobierno valenciano, "para que actuara en la forma que lo hizo en relación con la adjudicación del stand de Grandes Eventos en Fitur 2009".

De la Mata abre juicio oral a Camps por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias, pero rechaza que se siente en el banquillo también por malversación de caudales públicos, ya que no se incluyó dicho tipo penal en la pieza 5 del "caso Gürtel", de la que emana la investigación al ex presidente de la Generalitat Valenciana. La Fiscalía pide para él una condena de dos años y medio de prisión.

El instructor considera que ha quedado acreditado que "con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market, tal y como había ocurrido en las ediciones anteriores de Fitur, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del Partido Popular en dicha comunidad autónoma", Álvaro Pérez "el Bigotes"y Cándido Herrero, bajo "la superior dirección"del líder de la trama corrupta, Francisco Correa, y de su número dos, Pablo Crespo, se concertaron con Camps para que éste, "como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' fuera directamente adjudicado a Orange Market, al margen de la tramitación de procedimiento de contratación alguno”.

En su resolución, De la Mata expone que para que los hechos encajan dentro del delito de prevaricación porque la adjudicación se basó en "actos verbales, que aprobaron lisa y llanamente una contratación directa, sin más trámites". Se prescindió "total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley y, de hecho, de cualquier clase de procedimiento, vulnerando con ello de manera evidente los principios de legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad", añade.

Para el instructor se trató de una actuación "injusta"llevada a cabo "para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas que pudieran estar interesadas en concursar y que hubieran podido realizar la oferta más ventajosa para los intereses públicos".

Respecto al delito de fraude a las administraciones públicas que incluye el fiscal en su escrito de acusación, De la mata considera no descartable que Camps e Ibar acordaran "un plan criminal"siguiendo Ibar las indicaciones de Camps y pusieran en marcha "ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo, organizando los procesos de contratación de modo que se aseguraran que Orange Market fuera finalmente la adjudicataria de las construcción de los stands de Grandes Eventos".

En cuanto al delito de tráfico de influencia que incluye la acusación popular en su escrito de acusación, el juez entiende también razonable sostener que Camps Ortiz ejerció presuntamente influencia sobre Ibars para conseguir que esta "diera las órdenes inapelables para que se le adjudicasen a Orange Market (que obtuvo un beneficio económico directo por ello) los trabajos relativos al montaje del referido stand".