La Audiencia Nacional investiga si en el funeral de Bolinaga se enalteció a ETA

La Audiencia Nacional investiga si en el funeral del etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, condenado a 32 años de prisión por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, se cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La Audiencia Nacional investiga si en el funeral del etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, condenado a 32 años de prisión por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, se cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo. El juez Eloy Velasco ha admitido a trámite la denuncia del presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, y ha pedido a la Ertzaintza y a la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía, un informe sobre el acto celebrado el pasado 17 de enero en la localidad guipuzcoana de Mondragón.

En un auto del pasado día 13, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado acepta la competencia para investigar la denuncia de Portero, respaldada también por el vicepresidente de DyJ, Víctor Cotobal, dado que los hechos «aparecen indiciariamente incardinados» en el delito de enaltecimiento del terrorismo, castigado con penas de uno a dos años de prisión.

Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional reclama a ambos cuerpos que le precisen por escrito «la existencia o no de incidentes –que pudieran ser constitutivos del referido delito– durante el sepelio del miembro de la organización terrorista», fallecido el pasado 16 de enero tras beneficiarse de la libertad condicional por razones humanitarias desde agosto de 2012 por el cáncer terminal que padecía y que finalmente le costó la vida. Velasco pregunta igualmente a la Ertzaintza y la Guardia Civil «si se elaboró algún atestado» y, en caso afirmativo, a qué juzgado lo remitieron los agentes.

Bolinaga fue despedido en su localidad natal con honores de «gudari» (soldado en euskera) y al sepelio asistieron, entre otros, tres ex presos de ETA: Juan María Zabarte, «el carnicero de Mondragón», Enrique Letona y Jon Agirre Agiriano, que además fue uno de los encargados de portar el féretro. Ante su ataúd, rodeado de claveles rojos e ikurriñas con crespones negros, se bailó un «aurresku» de honor y varios «bertsolaris» le dedicaron unos versos ensalzando su figura. El histórico ex dirigente de HB Tasio Erkizia, el alcalde de Mondragón, Ignacio Azkarragaurizar (Bildu), y Larraitz Ugarte, la portavoz de la Diputación de Guipúzcoa, de la misma formación, también estuvieron presentes.

En su denuncia del pasado 30 de enero, el presidente de Dignidad y Justicia señalaba que durante el sepelio se produjeron «diversos cánticos, vítores, bailes, ofrendas florales, etc. tanto por parte de familiares como por cientos de desconocidos» convocados para «un funeral público de despedida». Para Portero, ese acto –que al justificar supuestamente el historial terrorista de Bolinaga «hace aparecer como acciones lícitas o legítimas aquello que sólo es un comportamiento criminal»– no puede enmarcarse dentro del derecho de reunión o manifestación, pues «supone una ofensa y humillación para las víctimas del terrorismo».

Los denunciantes recordaban la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual el homenaje a terroristas en prisión es «un claro comportamiento de enaltecimiento de unos terroristas, por el hecho de serlo», pues de ese modo también se ensalzan «las graves actividades delictivas que, en su día, llevaron a cabo».

Dignidad y Justicia reclamó a la Audiencia que pidiese a Policía, Guardia Civil y Ertzaintza que identificase a los convocantes del acto y a los participantes en el funeral y que informase si se profirieron gritos a favor de ETA y de la existencia de anagramas y banderas de organizaciones ilegalizadas en el sepelio.

El PP también reclamó a la Justicia que investigase el funeral de Bolinaga. En una entrevista a RNE, el portavoz adjunto de la formación en el Congreso, Leopoldo Barreda, pidió a los jueces que analizasen la «escenografía» y «los gritos» que se escucharon en el acto por si se podía derivar «algún tipo de responsabilidad penal».