La Audiencia reprocha a la Junta que defienda a los acusados de los ERE

Sevilla- La Junta de Andalucía, personada como acusación en el «caso de los ERE», que políticamente esgrime que «recuperará hasta el último euro defraudado» y recalca su «colaboración total con la Justicia», ejerce «labores propias de una defensa». Eso es lo que mantiene la Audiencia Provincial de Sevilla en un auto con fecha de ayer y al que ha tenido acceso este periódico, en el que rechaza el recurso de la Administración andaluza contra la decisión de la juez Mercedes Alaya de imputar a 20 ex altos cargos del Ejecutivo –entre los que se encontraba la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez– dentro de la «rama política» del caso.

El varapalo de la Audiencia a la decisión de la Junta adquiere relevancia porque es el mismo órgano que, en otras ocasiones, ha tomado decisiones contrarias a la magistrada y que han sido utilizadas por el Ejecutivo andaluz y el PSOE-A para criticar a la instructora. Sin ir más lejos, cuando la Audiencia pidió a Alaya que concretara la imputación de Álvarez, el «número dos» de los socialistas andaluces aseguró que se había dado «un paso muy importante para poner en el camino adecuado la instrucción». La ex consejera ha declarado por segunda vez ante la juez y el auto de la Audiencia ratifica aún más su condición de encausada, junto a los otros 19 ex altos cargos autonómicos.

El auto no entiende los argumentos de la Junta para recurrir la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Rechaza que «se dote a sí misma de una especial posición de garante en el proceso», condición que ostenta «el Ministerio Público, quien, por cierto, solicita la confirmación del auto (el de Alaya)». El órgano jurisdiccional asegura que la «Junta de Andalucía no es parte institucional ni necesaria en el proceso penal, como lo es el Ministerio Público, sino que interviene como una acusación particular más que legítimamente podrá defender sus intereses particulares, pero que no puede arrogarse potestades o facultades en el seno del proceso penal que no le corresponden».

La postura del Gobierno andaluz es «innecesaria» y contraria a su presencia como acusación, ya que con el recurso se «anticipa» a las personas afectadas por la resolución de la juez. Prueba de la «confusión de planos procesales habida en el planteamiento del recurso son las adhesiones al mismo, formuladas solamente por cuatro imputados, dos de ellos, a mayor abundamiento, ni siquiera afectados por el auto apelado». Los dos altos cargos sí implicados son Juan Luque Alfonso (interventor de la Consejería de Empleo) y Jesús María Rodríguez Román (ex viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa).

El Gobierno andaluz evita revelar el dinero recuperado de la trama

Sin garantías para el reintegro de los fondos defraudados y con Marbella como espejo. «Los tiempos los marcan las normas y los reales decretos, pero seguiremos la pista hasta el último euro para que se reintegre», dijo en comisión parlamentaria la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. La titular de las cuentas cuantificó ayer en 17,7 millones el importe percibido por cobros indebidos, incluida la partida 31L, en fase de reintegro, de los que 6,1 millones se encuentran en fase de apremio. No se especificó si se incluyen cinco millones en apremio de los ERE revelados en mayo, aunque el silencio infiere que aún no han sido cobrados. El PP criticó que «no se ha recuperado ni se ha cobrado ni un euro» de esas cantidades indebidamente cobradas.