La Audiencia sobre el asesino de Ordóñez: «Se ocupa de las víctimas»

José Antonio Santamaría (en 1993), José Manuel Olarte (en 1994), ambos empresarios, Alfonso Morcillo (1994), sargento de la Policía Municipal de San Sebastián, Gregorio Ordóñez (1995), dirigente del PP y entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital donostiarra, Enrique Nieto (1995), jefe de la Policía Municipal de San Sebastián y el abogado socialista Fernando Múgica (en 1996). Son las víctimas en cuyos asesinatos participó directamente el etarra Valentín Lasarte y por los que fue condenado a centenares de años de cárcel. Ahora, tras 17 años entre rejas y haberse desvinculado de la banda terrorista, la Audiencia Nacional le concede un permiso de tres días, que disfrutará fuera del País Vasco para «no herir el sentimiento de las víctimas», porque considera que su evolución es tan positiva que ahora, «sobre todo, piensa y se ocupa de las víctimas», «ha evolucionado en clave de humanidad» e incluso «paga pequeñas cantidades, fraccionadas mensualmente para atender a las responsabilidades civiles declaradas». Lasarte es uno de los etarras que se acogió a la «vía Nanclares» cuando abandonó ETA.

Estos son los argumentos principales de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para permitir a quien ha sido uno de los etarras más sanguinarios disfrutar de tres días fuera de los muros de la prisión de Nanclares de la Oca, donde cumple condena tras abandonar públicamente la banda. Con esta resolución, de la que ha sido ponente el magistrado y presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska, se revoca la que había adoptado en sentido contrario el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, y con la que coincidía la Fiscalía.

La Sala, sin embargo, sostiene que Valentín Lasarte reúne «todos y cada uno de los requisitos que establece la Ley» para disfrutar de ese permiso: ha cumplido una cuarta parte de la condena –lleva en prisión más de la mitad del límite máximo de los 30 años–, está clasificado desde 2009 en segundo grado y tiene «buena conducta». Además, destaca que «ha rechazado la violencia, fue expulsado de la organización terrorista ETA y de su colectivo de presos», «reconoce el daño causado», «participa en actividades de tratamiento» en la cárcel sobre «discusión del terrorismo» y ha intervenido «en programas de reparación con víctimas del terrorismo». En este último punto, alude al informe de la mediadora en los encuentras que se han celebrado en la prisión de Nanclares de la Oca entre ex etarras y sus víctimas, la cual pone de manifiesto cómo Lasarte ha expresado «con sinceridad su arrepentimiento» por los crímenes cometidos, «trabaja a fondo la empatía con las víctimas» y realiza una «autocrítica severa y sincera consigo mismo».

Modelo para la rehabilitación

Junto a ello, la resolución redactada por Grande-Marlaska alude a la inexistencia de riesgo de que que Lasarte vaya a fugarse, dado el cumplimiento que ya lleva, y el hecho de que tenga mujer y una hija de apenas un año. Por ello, el permiso de salida debe encuadrarse, añade la Sala, no sólo en preparar su futura libertad, sino en empezar «a revertir las consecuencias de la prisionización».

Y es que, concluyen los magistrados al respecto -Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, Nicolás Poveda y Ramón Sáez, además de Grande-Marlaska-, el sistema penitenciario «debe ejemplificar la conducta y el comportamiento de condenados que intentan reintegrarse al orden jurídico, respetar las normas y reconocer a sus víctimas, más si se trata de delitos muy graves». En casos como el de Valentín Lasarte, «por su excepcionalidad –la mayoría de los etarras no reconoce el dolor causado a las víctimas ni se preocupa por ellas– pueden erigirse en modelo de un sistema que persigue, entre otros fines, la rehabilitación de los condenados».