La causa contra Forcadell, a la espera

El 9-N es el único proceso abierto, ya que el Tribunal Constitucional debe decidir aún sobre la presidenta del Parlament.

–¿En qué situación se encuentra el proceso judicial del 9-N?

–Hay que diferenciar claramente entre la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en el Tribunal Supremo, aunque los hechos son los mismos, es decir, la celebración de la consulta pese a la prohibición acordada por el Tribunal Constitucional.

–¿Contra quiénes se sigue el proceso en el TSJ catalán y en qué punto está la instrucción?

–En el TSJ catalán están acusados el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau. A los tres se les imputa por la Fiscalía los delitos de desobediencia y prevaricación. El proceso se encuentra ya prácticamente a la espera de que el fiscal y las acusaciones presenten sus escritos con las correspondientes solicitudes de pena, y, posteriormente, las defensas presenten los suyos. Después de ello, sólo restará que se fije el inicio del juicio oral, lo que difícilmente sucederá este año.

–¿Y en el Tribunal Supremo?

–Sólo se investiga a Francesc Homs, ya que es el único acusado que goza de la condición de aforado. En un principio, el instructor de la causa del TSJ de Cataluña abogaba por que el Supremo asumiera todo el procedimiento, pero el Alto Tribunal rechazó tal petición al considerar que podían investigarse y, en su caso, juzgarse de forma independiente a unos y otro.

–¿En qué situación procesal se encuentra Francesc Homs?

–Pese a que ayer declaró como investigado –no podía hacerlo en ninguna otra condición–, formalmente no lo estará hasta que el instructor entienda que hay indicios suficientes para actuar «con todas las consecuencias» contra él, se solicite el correspondiente suplicatorio y el Congreso lo acuerde.

–Al margen de este procedimiento, ¿existe algún otro proceso judicial «vivo»?

–Como tal, no existe ningún otro. Sí se está a expensas de que el Tribunal Constitucional decida qué sucederá respecto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber incluido recientemente en un pleno de la Cámara la tramitación de la última resolución soberanista, pese a que, en diciembre de 2015, el TC ya advirtió de la prohibición expresa de que se tramitase ese tipo de iniciativas.

–¿Qué opinión mantiene la Fiscalía al respecto?

–Considera que hay base para abrir una causa penal contra Forcadell, por considerar su actuación «determinante» para que se tramitase esa iniciativa, propuesta por la CUP y avalada también por Junts pel Sí.

–¿Cuándo decidirá el TC?

–No está previsto que sea de forma inmediata, y ello porque el Alto Tribunal ha decidido resolver los recursos interpuestos contra la reforma de su ley orgánica, que es la que, precisamente, le faculta, entre otras sanciones, para emprender acciones penales contra los responsables de no acatar sus resoluciones.

–¿Se resolverá pronto el recurso contra la ley que permitiría actuar contra Forcadell?

–Hoy mismo comenzará el debate de los recursos en el Pleno del Tribunal Constitucional, que se prolongará hasta el jueves. Sin embargo, no está previsto que esta semana se dicte la correspondiente sentencia, dada la complejidad del asunto, como señalaron a este periódico fuentes próximas al tribunal. Por tanto, la decisión respecto a Forcadell se podría posponer un tiempo considerable.

–¿Cuándo se puede decir que comenzó o, más bien, se aceleró este proceso de «desafío soberanista»?

–2013 se puede considerar como un punto de inflexión. Ese año, el Parlament, con los votos de los partidos nacionalistas, aprobaba la «Declaración soberanista y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña». Desde entonces, se ha producido un continuo «goteo» de resoluciones en esa línea, hasta que en 2016 los partidos soberanistas han llevado ese desafío al extremo, para lograr la «desconexión» de España.

–¿Qué respuesta han obtenido esas decisiones soberanistas?

–El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha acudido al Tribunal Constitucional cada vez que se aprobaba una resolución por el Parlament en esa línea. Desde la mencionada «declaración» de 2013 hasta la creación de las «estructuras de Estado», pasando por el 9-N.

–¿Qué ha provocado esa actuación del Ejecutivo?

–La inmediata suspensión de las resoluciones impugnada, y, en la práctica totalidad, la posterior anulación de las mismas. Así ocurrió, por ejemplo, con la declaración del Parlament que iniciaba el llamado «proceso de desconexión» de España, la creación de una agencia tributaria propia o la resolución de la Mesa de la Cámara catalana de admitir a trámite la «Propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales» del 27-S.

–Además de la decisión sobre Forcadell, ¿tiene el TC otros asuntos pendientes sobre el «desafío» catalán al Estado?

–Sí. Lo relativo al Comisionado Nacional para la Transición Nacional de Cataluña, la Ley de Acción Exterior y de Relaciones con la UE o lo relativo a la consejería de «Asuntos Exteriores», entre otros, esperan resolución.