La construcción del Estado

El fallecimiento de las personas es el momento oportuno para hacer balance de su obra y reflexionar lo que nos dejan a los demás. Si esta persona ha sido presidente del Gobierno el juicio adquiere una relevancia especial.

Adolfo Suárez está recibiendo estos días el reconocimiento unánime de todos. De los que colaboramos con él en tareas de Gobierno hasta de los que fueron sus adversarios políticos hasta su retirada definitiva en 1991.

Los elogios se centran en aspectos fundamentales de la vida del Estado y de la sociedad española: apertura a la democracia, dirección de la Transición, responsabilidad especial en la aprobación de la Constitución, integración de las fuerzas políticas en objetivos concretos, etc. Siendo esto cierto y muy importante se recuerda menos su aportación a la construcción del Estado y el impulso a las grandes políticas sociales que habían sido requeridas por intelectuales e historiadores en los dos últimos siglos y a las que nunca habíamos llegado.

La preparación de la Constitución, 1978, es el momento de iniciar el debate sobre el modelo de Estado que queríamos y que mejor se adaptase a nuestras tradiciones, circunstancias y posibilidades. Y también que superase las experiencias que habían resultado fallidas. Se partía de un Estado unitario basado en la provincia como demarcación territorial que era incapaz de ofrecer una solución satisfactoria a nuestra pluralidad cultural e histórica.

Suárez impulsó el Estado autonómico después de una amplia reflexión con algunas personas sabiendo que la implantación de un nuevo modelo territorial era una tarea difícil en la que habían fracasado las mejores cabezas políticas de la Segunda República (por citar el último ejemplo). El Estado de las Autonomías ha funcionado de manera aceptable en las tres últimas décadas y ha propiciado una descentralización que puede admitirse reconociendo, desde luego, los aspectos que deben de ser reformados y, principalmente, su financiación. Ahora bien, la mayor parte de esta responsabilidad no debe imputarse al modelo y sí, en cambio, a las Administraciones autonómicas correspondientes, que no han observado el principio de equilibrio presupuestario, y a la Ley de 18 de diciembre de 2009, que debe de ser modificada buscando una mayor sencillez que haga posible una mejor información a los ciudadanos de manera que éstos puedan ejercer más fácilmente su función crítica.

Suárez impulsó también las dos grandes reformas sociales que habían sido reclamadas durante décadas por gran parte de la opinión pública. Me refiero a la Reforma Laboral y a la Reforma Fiscal. La primera supuso trasladar el protagonismo y la capacidad de decisión a los trabajadores y empresarios, de manera que fuesen estos agentes sociales los que decidiesen las condiciones de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores fue (y es) una ley fundamental, que permite una negociación colectiva con un contenido muy amplio, sólo limitada por el respeto a los principios que el propio Estatuto establece. Fue más allá de una reforma laboral y constituyó un verdadero sistema moderno de relaciones de trabajo en un país democrático.

La segunda gran reforma fue la fiscal. Supuso pasar de un sistema obsoleto de imposición de producto a una verdadera imposición personal, que ha hecho posible un gravamen más justo. Un avance científico indudable que nos equiparó (igual que la Reforma Laboral) a los países más avanzados, a los que queríamos homologarnos.

En resumen, Suárez fue un reformador social. Abrió el paso a la democracia pero, simultáneamente, avanzó en la construcción de un nuevo Estado que es el que hoy tenemos.