La cumbre fantasma de Artur Mas

Pocas cumbres en la política catalana han acabado sirviendo para resolver un tema. En el mejor de los casos han concluido con un acuerdo de mínimos sobre medidas económicas o con un cierre de filas en torno a la inmersión lingüística, pero nunca han valido para desencallar un asunto enquistado como, por ejemplo, el modelo de financiación económica.

Pocas cumbres en la política catalana, por no decir ninguna, han acabado sirviendo para resolver un tema. En el mejor de los casos han concluido con un acuerdo de mínimos sobre medidas económicas o con un cierre de filas en torno a la inmersión lingüística, pero nunca han valido para desencallar un asunto enquistado como, por ejemplo, el modelo de financiación económica. Con estos precedentes, es difícil prever que la cumbre anticorrupción que se ha inventado hoy Artur Mas en el Palau de la Generalitat acabe arrojando un resultado diferente al de una fotografía del presidente catalán junto a los máximos representantes de los organismos de control institucional.

Mas anunció la convocatoria de esta cumbre el pasado viernes, un día después de que «El País» publicara la presunta contabilidad en negro del PP. De esta manera, trató de liderar la reacción pública en Cataluña para atajar los escándalos de corrupción, muchos de los cuales («caso Palau», «caso ITV», «caso Clotilde»), hay que recordarlo, salpican a CiU. La oposición ha puesto en duda la autoridad moral del líder nacionalista para encabezar las respuestas contra la corrupción cuando su formación es una de las mayores implicadas en presuntas irregularidades, pero Mas, en cambio, se considera perfectamente legitimado para intentar que la política catalana recupere el crédito.

Por eso, hoy sentará a la mesa al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Àngel Gimeno; al fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol; al síndico de Greuges, Rafael Ribó; al síndico mayor de Cuentas, Jaume Amat; y al director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Todos ellos acudirán con propuestas para poner en marcha medidas preventivas y de persecución contra los delitos que se han extendido preocupantemente en la vida pública como el cohecho, el tráfico de influencias o la financiación irregular.

En todo caso, la intención de Mas es que la cumbre no se centre en «ningún caso en concreto», en una clara alusión a que la reunión no puede ser un monográfico sobre escándalos como el caso ITV, que afecta de lleno al secretario general de Convergència, Oriol Pujol, quien podría ser imputado si la petición de la Fiscalía prospera. «No tiene que mezclarse la reunión con ninguno de los casos concretos con nombres y apellidos», afirmó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. Y reclamó en este sentido «coherencia» a todos sus adversarios. «Hemos visto estas semanas que en función de cómo se sucedían los hechos decían unas cosas y, si les afectaba a ellos, hacían justo lo contrario», añadió.

La lista de escándalos en Cataluña se ha engrosado de forma preocupante durante los últimos años y los principales inculpados han acabado siendo los partidos mayoritarios, CiU y PSC.

El propio Mas se encargará de exponer los contenidos de esta reunión y, posteriormente, de trasladar las propuestas al Parlament en busca de un acuerdo con el resto de formaciones. No será sencillo, puesto que a los adversarios de CiU les irrita sobremanera su manera de envolverse en la bandera catalana para repeler las investigaciones judiciales. «No se puede identificar un partido con un país. Lo que tienen que hacer es responder a las imputaciones que tienen», afirmó ayer el primer secretario del PSC, Pere Navarro.

En paralelo, la Cámara catalana impulsará la Ley Electoral –que CiU y PSC han sido incapaces de acordar en 32 años de autogobierno– y una Ley de Transparencia. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, anunció que la Mesa de la Cámara catalana y la Junta de Portavoces han aprobado la admisión a trámite de las dos ponencias que elaborarán ambas normativas, destinadas a regenerar el sistema político en Cataluña.

De Gispert pidió «celeridad» a los grupos a la hora de trabajar en estas leyes y de lograr su aprobación en el Parlament. En el caso de la Ley Electoral los intentos han sido múltiples, pero jamás se ha acariciado el consenso.