La defensa de CDC borra del juicio a 36 testigos en el «caso Palau»

El temor a que Montull confiese fuerza al partido a cambiar su estrategia de defensa.

Ayer empezó uno de los juicios más esperados en Cataluña, sino el que más. Se trata del millonario expolio de las cuentas del Palau de la Música, que puede ascender a más de 30 millones de euros. Los principales acusados son el ex presidente de la entidad Fèlix Millet, y el ex director administrativo Jordi Montull. La Fiscalía pide la misma pena para los dos: 27 años de cárcel, y de momento se mantiene.

La causa empezó en 2009 y el asunto ha tardado casi ocho años en llegar a juicio. Millet ya calentó el tema estos días, anunciando que «está jodido», que «va en silla ruedas», y que le «falla la memoria». Y, efectivamente, no decepcionó, llegando a la Ciudad Judicial en silla de ruedas, sin abrir la boca, y con un aspecto muy desmejorado.

Empezó el juicio con las partes procesales, que durarán hasta hoy. Millet no declarará hasta el próximo miércoles, dentro de un juicio que tiene previstas 55 sesiones, con más de un centenar de testigos. Lo más importante que ocurrió en la primera sesión fue lo que consiguió la defensa de CDC, nada menos que la renuncia a declarar de 36 cargos, entre los que se incluyen los ex consejeros de Política Territorial –ambos en en la época de Jordi Pujol– Felip Puig y Pere Macias, así como uno de los hombres fuertes ahora del PDeCat.

Rebaja de pena

Aparte de estas eliminaciones de testigos, en el juicio sobrevoló otro asunto importante, acaecido en las últimas horas. Uno de los dos principales acusados, Jordi Montull, ofreció a la Fiscalía ofrecer información sobre los supuestos pagos a CDC a cambio de que se rebajase la pena de cárcel para su hija, la ex directora financiera del Palau Gemma Montull, hasta dos años, por lo que no entraría en prisión. De momento no hay respuesta por parte del Ministerio Público.

El juicio se alargará hasta junio y de momento se focaliza en las diligencias previas. La oferta de Montull evidencia dos elementos. Por una parte, demuestra que supuestamente, teniendo en cuenta las dos partes del juicio, hay una que queda clara. Los presuntos pagos de Ferrovial a CDC, un coste que puede ascender a 6,6 millones de euros, según el fiscal. La otra pieza es el desfalco por parte de Millet y Montull, que en teoría es de 23 millones, aunque puede ascender a más de 30 millones.

Otro hecho importante de ayer fue lo que dijo la defensa del ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, que pidió la anulación de su condena, que es de entre cuatro y siete años, porque, a su juicio, el delito ha prescribido. A falta de decidir todas estas cuestiones, el juicio seguirá hoy con las diligencias previas, aunque lo bueno llegará a partir del miércoles.

Montull, la ex mano derecha de Millet durante el expolio, aseguró ayer, ante su futura declaración, prevista para el próximo miércoles, que «la semana que viene será más divertido».

A la espera de que el 8 de marzo empiecen a declarar los 16 acusados en esta macrocausa, la defensa de CDC consiguió evitar 36 declaraciones. La renuncia de estas testificales, aceptada por el tribunal, supone en la práctica que se anularán cuatro días de declaraciones en el juicio por el «caso Palau» –del 24 al 27 de abril–, centrados fundamentalmente en esclarecer los concursos de obra pública por los que se sospecha que CDC cobró supuestas comisiones ilegales a través de Millet y Montull.

El abogado de CDC y de Osàcar, Xavier Melero, alegó que renunciaba a estas testificales por considerar que los concursos para la adjudicación de las obras investigadas, como la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro de Barcelona, el revestimiento de la Sèquia Bellet y un pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) no son controvertidos ni suponen el objeto del juicio.

Los 36 testigos propuestos inicialmente por CDC y Osàcar y que finalmente no comparecerán formaron parte de las mesas de contratación que adjudicaron algunos de los proyectos bajo sospecha, la mayoría de ellos al ser miembros del consejo de administración de la empresa de obra pública de la Generalitat Gisa.

La defensa también renunció al testigo del ex consejero de Política Territorial durante el tripartito Joaquim Nadal (PSC) y de la arquitecta Carmina Llumà, cuyo fichaje como alto cargo del consistorio de Montcada i Reixac (Barcelona) motivó una condena por tráfico de influencias a la ex alcaldesa socialista de la localidad Maria Elena Pérez y a los ex dirigentes de ese partido Manuel Bustos y Daniel Fernández. Llumà había sido citada por su papel como ex secretaria de Política Territorial.