El Constitucional tendrá la última palabra sobre la candidatura de Otegi

El dirigente batasuno Arnaldo Otegi lleva en actos de homenaje, o lo que en este caso es lo mismo, de «campaña» de cara a ocupar uno de los puestos relevantes, como el que más, en la candidatura que presentará la izquierda abertzale radical independentista en las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en octubre en el País Vasco. A nadie escapa que su pretensión, y la de un buen número de dirigentes políticos del entorno de Sortu y de la extinta Batasuna, es figurar en los carteles electorales como candidato a lendakari.

Sin embargo, no le va a resultar nada fácil ver cumplidos sus deseos. La Justicia ha dejado claro que no puede ocupar un escaño ni cargo público hasta, al menos, el año 2021, es decir, ni para las siguientes autonómicas. Así lo acordó la Audiencia Nacional cuando pidió que se le practicase la liquidación de condena en lo que afectaba a la pena de inhabilitación especial. La causa estribaba en que Otegi estaba también afectado por una inhabilitación absoluta, que debía cumplir primero, y, posteriormente, comenzar con la que le afectaba a la inhabilitación especial. Por tanto, y de acuerdo con ese criterio que fijó la Audiencia Nacional, Arnaldo Otegi tendría que dejar para más adelante sus anhelos de volver a «pisar moqueta» en una institución y de volver a percibir un sueldo pagado con los impuestos de los ciudadanos.

Paralelamente a estas consideraciones legales, la dirección de EH-Bildu ha decidido tomar la justicia por su mano y ha propuesto a las asambleas locales de la coalición abertzale que sea el candidato a lendakari en las próximas elecciones vascas, previstas para octubre. Ayer, en una rueda de prensa celebrada en Bilbao, el parlamentario Oskar Matute explicó que ha confirmado a la dirección su «disponibilidad» en el «inmenso reto» de convertir al partido en la «fuerza principal del cambio» en el País Vasco. Será este lunes cuando inicie un proceso de asambleas locales para la adecuación de su línea política y para decidir el candidato a lendakari, un proceso que espera culminar para principios de abril.

Desde el sector jurídico próximo al ex dirigente batasuno se entiende que tendría pleno derecho a concurrir a los comicios vascos, toda vez que la Audiencia Nacional no concretaba los empleos o cargos públicos a los que afectaban los diez años de inhabilitación especial que le fueron impuestos por la Audiencia. En este sentido, esgrimen el «antecedente Casanova», que afectaba a Casanova, parlamentario de EH- Bildu en la Cámara de Vitoria, que fue condenado también por terrorismo y sobre el que pesaba una pena de inhabilitación especial, que quedó sin efecto al no especificar en la sentencia para qué empleos y cargos públicos se debía aplicar.

A este precedente es al que se van a agarrar Otegi y sus asesores jurídicos para lograr su candidatura. Por ello, todo hace prever que lo primero que hará será presentarse en la lista correspondiente y esperar que la Junta Provincial Electoral le proclame como candidato. En ese momento, se abriría una escena jurídica, ya que esa proclamación puede ser recurrida ante la Junta Electoral Central, tanto por la Fiscalía como por cualquier formación política que entienda que la inhabilitación especial que pesa sobre él le imposibilita concurrir a los comicios.

La decisión que al respecto adopte la Junta Electoral Central tampoco será decisiva ni definitiva, pues la misma puede ser igualmente recurrida igualmente ante el Tribunal Constitucional, que, en este caso, sí tendría la última palabra. Y, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, las posturas en el Alto Tribunal no serían unánimes, pues hay algunos magistrados que defenderían que Otegi tiene pleno derecho a concurrir a las próximas elecciones vascas, y otros, en cambio, que la inhabilitación especial para cargo público abarca el de ocupar un escaño en una institución o sede parlamentaria, aunque ello no se hubiese recogido de modo específico en la sentencia condenatoria.

De esta forma, el regreso a la primera fila de la política institucional de Arnaldo Otegi, quien ya conoce el Parlamento vasco, estará condicionado por lo que finalmente resuelva la Justicia y, en concreto, todo hace indicar que será el Tribunal Constitucional el que le abra o decida cerrar tal posibilidad, en una decisión que tiene una relevancia que va más allá de la judicial.

¿Qué supone estar inhabilitado?

En la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en septiembre de 2011, se condenó a Otegi a «diez años de prisión y a una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de también diez años». Por tanto, la Justicia ha dejado claro que hasta 2021 no podrá ocupar un escaño ni desempeñar un cargo público.