La etarra Itziar Alberdi se enfrenta a 128 años de cárcel por el asesinato de 3 policías

La etarra Itziar Alberdi Uranga, entregada a España en febrero de 2014 desde México, se enfrenta a una pena de 128 años de cárcel por el asesinato en 1991 de tres policías al explotarles un paquete bomba que ella había enviado al Ministerio de Justicia, en un juicio que se celebrará el próximo jueves.

La etarra, que ha sido ya juzgada y absuelta del asesinato de Manuel Broseta, se sentará en el banquillo de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, acusada de tres delitos de asesinato terrorista consumados (por los que el fiscal pide 90 años), un cuarto en grado de tentativa (26) y un delito de estragos (12).

Alberdi fue extraditada a España en febrero de 2014 junto a su pareja, el también etarra Juan Jesús Narváez Goñi, desde Puerto Vallarta, donde ambos residían fugados con sus hijos desde hacía 22 años.

La Fiscalía acusa a Alberdi de haber acordado, junto al miembro de ETA Joseba Urrusolo Sistiaga (ya condenado por estos hechos), remitir un paquete bomba a la sede del Ministerio de Justicia en la madrileña calle San Bernardo, "con la finalidad de causar daños personales a cargos políticos o funcionarios allí destinados".

En el escrito de acusación, el fiscal Carlos Bautista explica que, para ello, buscó una agencia de transportes en Valladolid desde la que poder mandar el paquete sin levantar sospechas, "con relativa seguridad y anonimato para ellos", según se desprende de documentación intervenida en 1992 al etarra Fernando Díaz Torre.

Así, el 25 de junio de 1991 ella y otros miembros de ETA facturaron un paquete desde una empresa de transporte postal de Valladolid y escribieron como remitente a la empresa Gráficas Jotasu, junto a una dirección que correspondía a una casa abandonada.

El paquete, de 41 por 30 y por 12 centímetros, figuraba a nombre de Jesús M. Gómez, trabajador del Ministerio de Justicia por aquel entonces, y contenía un explosivo a base de nitritos y amonio.

Cuando llegó al día siguiente a la sede del ministerio, se rechazó el envío y volvió a los almacenes de la empresa de paquetería en Madrid, donde quedó depositado.

La empresa intentó ponerse en contacto con el remitente, pero se dio cuenta de que no existía, tras lo que el 1 de julio de ese año se recibió una llamada en su delegación de Aranda de Duero (Burgos) avisando del paquete bomba.

Esa misma tarde, agentes de los Tedax acudieron al polígono industrial de Villaverde, en Madrid, pero al intentar desactivar el artefacto les explotó, lo que provocó la muerte de los policías Luis Claraco López, Pedro Domínguez Pérez y José Luis Jiménez Barrero.

También se produjeron daños valorados en su día en 53 millones de pesetas.

El fiscal considera a Alberdi coautora de este atentado y, además de la pena de prisión, reclama que indemnice a los familiares de las víctimas con 1,2 millones de euros.