Barberá, a LA RAZÓN: «No veo motivo para dimitir»

La senadora afirma que el magistrado no pide su imputación y considera que es normal que la investiguen cuando se ha hecho con 49 personas más

La actual senadora y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá
La actual senadora y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá

La senadora afirma que el magistrado no pide su imputación y considera que es normal que la investiguen cuando se ha hecho con 49 personas más

La posición oficial de la dirección nacional del PP es que cuando la senadora y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá sea imputada, la suspenderán de militancia. Pero esa imputación previsiblemente no se producirá hasta después de unas nuevas elecciones generales. Y ante el desgaste que la situación de Barberá está provocando en el PP y en la imagen de Mariano Rajoy, un coste que se mantendrá en el tiempo en una coyuntura muy delicada, desde Génova están haciéndole llegar el mensaje de que conviene que haga «un gesto» que aligere la presión sobre el partido y corte el desgaste.

Desde Génova precisan que si ella no hace ese gesto, es «difícil» hacer nada antes de que se produzca su imputación formal. Que, por cierto, dan por hecho en la cúpula popular después de que el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ya haya enviado al Tribunal Supremo una causa contra ella.

Desde que estalló el escándalo de la investigación a todos los concejales del ayuntamiento de Valencia, incluida Barberá, por un presunto blanqueo de capitales, en Génova vienen intentando convencerla de la conveniencia de que diera un paso atrás y se asegurara una salida digna antes de que la fuerza de las decisiones de los tribunales obliguen a actuar «dolorosamente». Pero hasta ahora Barberá se ha resistido, con advertencias incluso a la dirección popular en las que ha exigido más protección para ella y para su grupo municipal a partir del principio de la presunción de inocencia.

De hecho, esta situación obligó a Génova a mediar en el pulso que mantiene con la nueva presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, quien exige la entrega del acta a todos los concejales investigados. La solución intermedia fue abrir un expediente interno que está pendiente de resolución. La apertura de juicio oral implicaría la aplicación automática de los Estatutos del PP y zanjaría el problema que esta situación plantea a Génova.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, lleva a gala no actuar por informaciones periodísticas ni cargarse el principio de la presunción de inocencia por la presión mediática o pública. Pero, sin embargo, dentro del partido, incluso dentro del Comité de Dirección, crece la demanda de que se actúe y se corte de raíz con una situación que previsiblemente acabará mal desde el punto de vista penal, pero que, sobre todo, implica un coste político que el PP no debe, ni puede asumir, en vísperas de unas elecciones decisivas.