La Fiscalía abre la puerta a pedir fianza para los ex consellers si acatan la ley

El fiscal no recurrió las medidas cautelares a Forcadell tras asumir que renunciar a cualquier actuación fuera de la Constitución «excluye o minimiza» el riesgo de reiteración delictiva

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borrás, Joaquim Forn, Carles Mundó y Dolors Bassa.
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borrás, Joaquim Forn, Carles Mundó y Dolors Bassa.

Descartó recurrir las medidas cautelares a Forcadell tras asumir que renunciar a cualquier actuación fuera de la Constitución «excluye o minimiza» el riesgo de reiteración delictiva

De dos en dos y en furgón. Así serán trasladados hoy Oriol Junqueras, los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y los otros siete ex consellers en prisión desde los calabozos de la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo (TS), según los vaya requiriendo el magistrado Pablo Llarena, instructor de la «macrocausa» contra los impulsores del «procés». Sus defensas intentarán convencer al togado de que no existen motivos para mantener la orden de prisión incondicional acordada en su día por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Pero todos regresarán a prisión, al margen de la decisión final de Llarena, al concluir las comparecencias. En el mejor de los casos, si el magistrado acuerda su libertad (aunque se supedite al pago de una fianza) lo harán para recoger sus pertenencias y firmar una copia de la resolución judicial. Y si el instructor les impone una fianza pero les manda a prisión, también deberán volver al centro penitenciario hasta que consignen la cantidad fijada. Cabe incluso la posibilidad, según fuentes jurídicas, de que Llarena no acuerde decisión alguna tras las declaraciones de los investigados y aplace su decisión hasta la próxima semana.

Aunque la Fiscalía sigue firme en su intención de mantener su petición de prisión incondicional para los investigados, la decisión final dependerá de lo convincentes que se muestren los investigados en su compromiso, anticipado en algunos casos de forma ambigua en los escritos de sus defensas, de acatar la legalidad en su defensa del proyecto independentista.

Fuentes fiscales consultadas por LA RAZÓN abren la puerta a la posibilidad de solicitar medidas menos gravosas, como la prisión eludible bajo fianza (junto con las inevitables comparecencias periódicas en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España) si el compromiso de cumplir la ley y someterse a la Constitución es sincero y no un mero ejercicio de retórica o una cantinela realizada por imperativo legal. «Evidentemente hay que escuchar lo que van a decir –explican–, porque en este caso los compromisos o acatamientos recogidos por sus defensas en los escritos no valen para nada. Por eso les cita el juez, por la importancia de los principios procesales de oralidad e inmediatez».

Esas mismas fuentes recuerdan que cuando la Fiscalía renunció a recurrir la fianza de 150.000 euros impuesta a Carme Forcadell por el propio Llarena (después de que el Ministerio Público solicitase su prisión incondicional) lo hizo asumiendo que el hecho de renunciar «a cualquier actuación fuera del marco constitucional excluye o minimiza» el riesgo de reiteración delictiva. Precisamente, reconocía, «el fundamento esencial» esgrimido por la Fiscalía para solicitar la prisión incondicional.

Eso sí, la Fiscalía también distinguía la situación de los ex integrantes de la Mesa con la de los antiguos consejeros, cuyas órdenes de prisión, subrayaba, estaban «rigurosamente fundamentadas en el evidenciado riesgo de fuga y de reiteración delictiva».

En una entrevista en la cadena Ser dos días después de presentar las querellas por rebelión, sedición y malversación contra el ex Govern y la Mesa, el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza –fallecido repentinamente en Buenos Aires el pasado día 17–, defendió la prisión de los ex consellers pero matizó que, si hubieran acatado la Constitución y la aplicación del artículo 155, «a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado».

Tanto los ex consellers del Ejecutivo de Puigdemont como «los Jordis» ya han acatado expresamente el 155 y, con más o menos circunloquios, también se han mostrado dispuestos a reconducir su defensa del independentismo a los límites que marca la Constitución. Ahora, tendrán que convencer cara a cara al juez Llarena de que sus intenciones son sinceras y no prestidigitación procesal con el único objetivo de recuperar la libertad y poder así participar en la campaña electoral del 21-D.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han intensificado en los últimos días su campaña recaudatoria para lograr que la denominada «caja de resistencia» tenga suficiente efectivo para afrontar las fianzas que el juez podría imponer a los dirigentes independentistas que permanecen en Estremera y Alcalá Meco. Las entidades independentistas han anunciado a bombo y platillo el denominado «concierto por la libertad» de este domingo, pero su promoción no ha sido suficiente como para vender las 60.000 localidades del estadio olímpico de Montjuïc. Según las últimas cifras ofrecidas por la ANC, la «caja de resistencia» cuenta ahora con 1,5 millones de euros y con el concierto –cuyas entradas oscilan entre 10 y 30 euros– se pretendía recaudar aproximadamente un millón de euros. Con esta cantidad, podría afrontarse al menos una parte de las fianzas de los ex consellers. Quedaría por resolver la fianza que se impuso a Artur Mas por organizar el simulacro de consulta del 9-N, ya que al ex presidente de la Generalitat le faltan por abonar 2,6 millones de euros de los 5 que le exige el Tribunal de Cuentas. La ANC ha gastado ya unos 3 millones para salir al paso de pagos impuestos a los dirigentes independentistas por desbordar las leyes. El Govern cesado intenta demostrar que no gastó dinero público el 1-O.