La Fiscalía actuará en 24 horas por prevaricación contra el Govern

Presentará una querella contra Puigdemont y Junqueras si firman el contrato para adquirirlas. En paralelo, el TC suspenderá la medida

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, presidió ayer la reunión de la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, en la que Puigdemont dejó su silla vacía
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, presidió ayer la reunión de la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, en la que Puigdemont dejó su silla vacía

Presentará una querella contra Puigdemont y Junqueras si firman el contrato para adquirirlas. En paralelo, el TC suspenderá la medida.

La maquinaria judicial se pondrá de nuevo en marcha de manera inmediata en cuanto se haga oficial el acuerdo de la Generalitat para comprar las urnas para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Aunque ayer por la tarde desde la Generalitat todavía mareaban sobre la fórmula elegida. Las tensiones internas por miedo a las consecuencias de la actuación del Estado de Derecho están dinamitando la unidad de acción y el propio proceso secesionista. La acción legal irá por una doble vía. La Abogacía del Estado se dirigirá al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar, en aplicación del artículo 161.2, la suspensión inmediata del decreto del Gobierno catalán, y advertir a sus firmantes de las consecuencias de desobedecer esa suspensión. Al mismo tiempo la Fiscalía abrirá diligencias contra los firmantes. Si lo hay o los hay, la Fiscalía actuará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por prevaricación contra quienes avalen esta decisión para sostener un acto ilegal. Si hay presupuesto, también por malversación. Y en el caso de que se desobedeciese la suspensión del TC, la querella se ampliaría por desobediencia.

Esto afectaría al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su «número dos», el republicano Oriol Junqueras, y a todos los demás consejeros que participen de esta iniciativa. Lo último que han anunciado desde las filas independentistas es que sería un acuerdo colegiado de todos los consejeros. La actuación de la Fiscalía avanzaría por la vía de la jurisdicción ordinaria, es decir, que en ningún caso antes de la fecha marcada para la consulta ilegal se habrá resuelto el juicio por estos presuntos delitos, que conllevan la pena de la inhabilitación. La inhabilitación previa al 1 de octubre sólo podría conseguirse mediante la aplicación de la reforma que amplió los poderes del Constitucional. Pero según fuentes jurídicas, en el TC son partidarios de que se apure la vía de la jurisdicción ordinaria: «Se reservan la potestad de suspender a políticos para cuando sea reiterada la desobediencia y se aproxime el final del proceso de 1 de octubre sin que haya señales de que dan marcha atrás».

La reforma legal impulsada por el Gobierno del PP otorgó al TC capacidad coercitiva y sancionadora contra los cargos públicos que incumplan sus órdenes y sus sentencias. Es decir, suspender a políticos y apartarlos de sus responsabilidades si el Alto Tribunal así lo cree necesario para conseguir que se lleven a cabo sus resoluciones. Por esta vía el Constitucional ha asumido competencias que de alguna manera le trasladan la responsabilidad que la Carta Magna cede al Gobierno para la suspensión de competencias autonómicas en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Entre tanto, hay que tener en cuenta que el proceso judicial contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y contra el secretario general de este departamento, Francesc Esteve, por la licitación de las urnas para el referéndum ha seguido su curso, a pesar de que el concurso público convocado por la Generalitat quedó desierto. El TSJC desestimó la pasada semana el recurso presentado por la defensa contra la admisión de la querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña por presunta prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos.

Respecto a esta estrategia de colegiar las decisiones, y las consecuencias jurídicas, para repartir responsabilidades entre la antigua Convergencia y ERC, entre Puigdemont y Junqueras, en medios jurídicos advierten de que la convocatoria de un referéndum «solo atribuye responsabilidad penal al presidente del Gobierno catalán y al consejero responsable». «Las deliberaciones de los Consejos de Ministros y del Consejo Ejecutivo son secretas. Las resoluciones son las que tienen eficacia jurídica, no el voto. Es la firma del presidente y del consejero responsable las que tienen relevancia penal según el principio de intervención mínima del Derecho Penal», argumentan. Para forzar esa corresponsabilidad de los dos grupos de Juntos por el Sí, en la «purga» que ejecutó Puigdemont el pasado viernes se modificó la competencia de los departamentos de la Generalitat para ceder la responsabilidad de los procesos electorales a Junqueras. Esto es relevante porque ante esa firma del decreto de convocatoria de la consulta ilegal, en el TC sí que dejan la puerta más que abierta a aplicar la reforma que les da competencias para suspender a cargos públicos. Y en el centro de la diana estarían Puigdemont y Junqueras.