La Fiscalía considera que la caja B del PP está «plenamente acreditada»

Anticorrupción concluye que la formación «se benefició de la actividad delictiva» de «Gürtel».

La fiscal Sabadell, durante la exposición de su informe final en el juicio

Anticorrupción concluye que la formación «se benefició de la actividad delictiva» de «Gürtel».

Tras más de un año de juicio, la Fiscalía Anticorrupción considera que ha quedado «plena y sobradamente acreditada la caja B del PP» reflejada en los papeles de Bárcenas. Asimismo, según expuso ayer la fiscal Concepción Sabadell –en la segunda jornada de su informe final–, «hay sobrada prueba de que el PP se benefició de la actividad delictiva» llevada a cabo por la «trama Gürtel» (que ha sentado en el banquillo a 37 acusados por la primera época de la red liderada por el empresario Francisco Correa, entre 1999 y 2005).

La representante del Ministerio Público también mostró su convencimiento de que «Luis el cabrón», uno de los apuntes que figura en esa contabilidad opaca del ex tesorero del PP, es Luis Bárcenas, pese a que el propio Correa (que se enfrenta a una petición fiscal de 125 años de cárcel) lo negó ante el tribunal, incurriendo según la fiscal «en una contradicción» para desvincular a sus subordinados del pago de comisiones a cargos públicos. No obstante, Sabadell aseguró que no ha podido llegar a la misma convicción, tras la prueba practicada en la vista oral, respecto a que las siglas «PAC» correspondan al ex ministro Francisco Álvarez Cascos.

Anticorrupción hizo referencia a los beneficios obtenidos por el PP para apuntalar su petición de que se condene a la formación, como partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado de 328.000 euros procedentes de la trama para costear gastos electorales de los municipios madrileños de Pozuelo y Majadahonda, cuyos ex alcaldes, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, se sientan en el banquillo. Respecto al segundo, la fiscal Sabadell dio por acreditado «que el PP se benefició de 133.00 euros de fondos procedentes de comisiones ilegales» por contratos adjudicados a empresas controladas por Correa, que fueron «sustraídos ilegalmente» al Ayuntamiento majariego. En relación a Ortega, para quien pide una condena de 50 años de cárcel, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que ocultó en cuentas suizas 1,6 millones de euros procedentes de comisiones ilegales.

Con ese dinero, explicó, se pagaron pegadas de carteles electorales del PP, gastos de la campaña autonómica de Esperanza Aguirre y actos en la sede popular «que debía sufragar el partido». La representante de Anticorrupción negó que eso supusiese, indirectamente, un ahorro para las arcas del Estado, como mantuvo en su declaración como testigo el auditor interno de la formación popular. «Quienes no se beneficiaron –recalcó– fueron el Estado y los españoles, ya que fue un beneficio para la formación política con unos actos identificados y unos servicios y gastos pagados al PP como las obras en su sede», informa Efe.

Respecto a Luis Bárcenas, para quien solicita 39 años de prisión, la fiscal sostuvo que la fortuna del ex tesorero del PP procede tanto de las comisiones que le pagaba Correa como de las que obtenía, al margen del líder de la trama, «por su intermediación en adjudicaciones públicas», y de «la sustracción de fondos de la caja B del PP» (270.000 euros), una contabilidad sobre la que tenía, añadió, «plena disposición». Las aportaciones de los empresarios, hizo hincapié Sabadell, no tenían un fin altruista, sino que se pagaban con la «finalidad intencionada de favorecer la contratación pública».

Para Anticorrupción, a lo largo del juicio ha quedado acreditado que Bárcenas ocultó esos fondos de origen supuestamente delictivo tanto en Suiza, donde llegó a acumular 48,2 millones de euros en 2007, como en diversas sociedades instrumentales y «opacas». La fiscal Sabadell dejó claro que el «inusual incremento» del patrimonio de Bárcenas no puede atribuirse, como expuso el ex tesorero del PP durante su declaración ante el tribunal, ni a la gestión de negocios inmobiliarios ni a la compraventa de obras de arte, unas operaciones de cuya legalidad dudó abiertamente durante su exposición.