La Fiscalía del Supremo pide investigar a Francesc Homs por el 9-N

Considera que el proceso contra Mas, Rigau y Ortega debe mantenerse en el TSJC

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que el Tribunal Supremo no debe asumir toda la causa relacionada con la consulta del 9-N, sino exclusivamente la investigación respecto al ex conseller de Presidencia y hoy diputado en el Congreso Francesc Homs; mientras que lo que afecta al ex president Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau debe continuar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De hecho, la instrucción respecto a Mas, Ortega y Rigau está casi lista. En todo caso, será el instructor, Joan Manuel Abril, el que decida si remite la exposición razonada al TS sólo respecto a Homs o todo el procedimiento.

Y ello porque, para el Ministerio Público, la conducta atribuible a Homs, de llevar a cabo «una conducta delimitada que se insertó de forma puntual en el haz de actuaciones públicas desarrolladas por los inicialmente querellados para hacer posible el proceso participativo», por lo que ambos hechos pueden enjuiciarse de forma separada y por tribunales distintos.

En cuanto a Homs, según consta en el informe donde solicita que se eleve al Supremo la correspondiente exposición razonada, el fiscal destaca que el entonces conseller de Presidencia, «irrazonablemente, legitimó» la continuación de los trabajos tendentes a la instalación de los programas informáticos que fueron «necesarios e imprescindibles» para la vocación del 9-N.

Ésa fue la respuesta que dio a los responsables de la empresa informática contratada al efecto, cuando solicitó la confirmación de que sus servicios no vulneraban la legalidad, pues ya tenía conocimiento de que esa consulta había sido suspendida previamente por el Tribunal Constitucional. En la respuesta de Homs, afirma el fiscal, había dos circunstancias «muy relevantes». En primer lugar, no sólo legitimó la continuación de los servicios, «sino que contiene la implícita advertencia de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista», ya que incluso señalaba que ponía a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat los servicios jurídicos del Gobierno catalán «para ejercer acciones contra el contratista recurrente».

Y, en segundo lugar, indicaba en esa misiva que se había consultado con los servicios jurídicos de la Generalitat y a otros «expertos en Derecho penal, procesal, administrativo y constitucional». Sin embargo, una vez requerido por el instructor esos informes, el Departamento de Presidencia de la Generalitat no aportó «ningún dictamen, interno o externo, que pudiera ponerse en relación con lo afirmado» en la carta de Homs al presidente del CTTI. En todo caso, al margen de l a existencia o no de esos informes, con los que se pretendería avalar la continuación de las trabajos encaminados al 9-N, la conducta de Homs «denota un actuar consciente e intencionalmente encaminado a garantizar que las actuaciones materiales de preparación de la votación convocada para el 9 de noviembre continuaba su curso, soslayando la suspensión constitucional», afirma el fiscal. Además, destaca el hecho de que Homs fuese entonces el «máximo responsable del Departamento que tiene adscrita la defensa jurídica de la Generalitat», así que, añade al respecto la Fiscalía, «se hallaba significativamente concernido por la cuestión», por lo que su conducta puede ser indiciariamente delictiva. Por ello, solicita que se remita la exposición razonada al Tribunal Supremo, para que sea el juez instructor el que corresponda decidir si hay motivos para investigarle.