La Fiscalía ordena a los Mossos que actúen si se ignora al TC

Alerta también a Policía y Guardia Civil sobre posibles delitos

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se ha dirigido a los Mossos d’Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil para que, en relación con la resolución aprobada ayer por el Parlamento de Cataluña para abrir un proceso de separación de España y, una vez sea dejada (si lo es) sin efecto el Tribunal Constitucional, pongan en conocimiento de dicha Audiencia cualquier delito contra el titular de la Corona, su consorte, el sucesor, altos organismos de la Nación o forma de Gobierno.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, la orden de Zaragoza no afecta, lógicamente, a las personas que están aforadas en función de lo previsto en el texto del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que deben responder al Tribunal Superior de Justicia.

Se trata de los delitos que, al hilo de la aprobación de la mencionada resolución puedan cometer personas no pertenecientes al Parlamento (una vez anulada por el Tribunal Constitucional) y que estén comprendidos en los citados supuestos delictivos.

Entre estas personas, según las citadas fuentes, podrían encontrarse los funcionarios, incluso los encargados de la seguridad, que reciban órdenes de los parlamentarios aforados para que realicen cualquier gestión y, en vez de recharzarlas de plano, las den cumplimiento.

En este caso, no cabe, según las citadas fuentes, ningún tipo de obediencia debida, sino que pondría en marcha la maquinaria judicial.

Por ello, la Audiencia Nacional ha adoptado estas medidas preventivas para que, si llega el caso, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado sepan a qué atenerse.

El fiscal jefe es taxativo al ordenar que los supuestos hechos delictivos le sean comunicados a él y al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional. Para ello, indica que se cumplimenten con carácter de urgencia un informe sobre sus autores, ejecución, participación y circunstancias recurrentes. Asimismo, enfatiza que se realicen sin dilación las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades penales.

Las mismas fuentes no aclararon si las gestiones que funcionarios u otras personas puedan realizar hasta que el TC emita su resolución, pueden estar incluidas dentro de los citados supuestos delictivos.