La Fiscalía se opone a la libertad de Bernad por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

Pide al juez que el secretario de Manos Limpias siga en prisión para evitar que «influya» en los testigos

Miguel Bernad, en la imagen, fue detenido el pasado 15 de abril
Miguel Bernad, en la imagen, fue detenido el pasado 15 de abril

Pide al juez que el secretario de Manos Limpias siga en prisión para evitar que «influya» en los testigos

Por tercera vez en los últimos tres meses, la Fiscalía se ha opuesto a que salga de la cárcel el secretario general de Manos Limpias, en prisión desde el pasado 18 de abril por su supuesta participación en una trama de extorsión contra entidades bancarias liderada por el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien llegó a reclamar tres millones de euros a los abogados de la Infanta Cristina a cambio de retirar la acusación del sindicato contra ella en el «caso Nóos».

El fiscal Daniel Campos ha mostrado su rechazo a esa posibilidad en un escrito remitido al juez Santiago Pedraz el pasado viernes –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– en el que insiste en que todavía persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, lo que desaconseja en su opinión su excarcelación. Con el magistrado de vacaciones (al igual que el magistrado que normalmente le sustituye, el titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata), será el juez de guardia de la Audiencia Nacional quien deba decidir al respecto, previsiblemente haciendo suyos los argumentos del Ministerio Público.

En su escrito, el fiscal recuerda que los hechos que se imputan a Bernad «son constitutivos de un delito de organización criminal y extorsión», cuyas penas «superan ampliamente el mínimo» exigido por el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que entre los requisitos para mantener la prisión provisional incluye que los hechos supuestamente delictivos estén castigados con una pena «igual o superior a dos años de prisión» o incluso inferior si el investigado cuenta con antecedentes penales.

Campos, además, sostiene que también concurren otros requisitos que enumera el citado artículo: el riesgo de que Bernad «pueda eludir la acción de la Justicia», teniendo en cuenta, subraya, «su pertenencia a una organización criminal con suficientes contactos fuera de España» (el fiscal cita expresamente EE UU, Colombia y Venezuela). Igualmente, añade, existe el riesgo de que el ex secretario general de Manos Limpias intente «obstaculizar el procedimiento haciendo desaparecer pruebas o influyendo en los testigos que todavía no han comparecido en el juzgado». Por todos estos motivos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional «se opone a la libertad provisional» de Bernad, pues su permanencia en prisión es necesaria, mantiene, para permitir «asegurar el buen fin del procedimiento sin prejuzgar el contenido de la sentencia».

La defensa de Bernad, de 74 años, ya reclamó sin éxito su libertad el pasado abril al recurrir el auto de prisión acordado por el juez Pedraz, argumentando que su cliente no tiene edad para fugarse y negando también que existiese riesgo de destrucción de pruebas, dado que, insistía su abogado, toda la documentación incautada en los registros estaba ya en manos de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). En su resolución, el magistrado justificaba la prisión de Bernad y Pineda en que la gravedad de los hechos investigados «pudiera aconsejar a ambos» darse a la fuga pues, hacía hincapié Pedraz, el presidente de Ausbanc «pudiera disponer de una infraestructura empresarial y capital económico en el extranjero que le permitirían poder emprender su vida fuera de España», unos recursos que, llegado el caso, podría poner a disposición de su «esponsorizado» (en referencia a Bernad).

Posteriormente, Bernad solicitó el pasado junio a la Audiencia Nacional que sustituyera su estancia en prisión por un arresto domiciliario para poder recuperarse de una reciente operación de desprendimiento de retina (para la que pudo abandonar la cárcel a finales de mayo sólo el tiempo estrictamente necesario). Pero Pedraz también cerró la puerta a esa posibilidad, al considerar que en el centro penitenciario podía observar el reposo prescrito médicamente tras una intervención quirúrgica de esas características.

La UDEF ratifica en un informe, incorporado hace sólo unos días a la causa, que Pineda llevó a cabo «un claro uso instrumental» de Manos Limpias «para perseguir sus intereses particulares, por ejemplo buscando la imputación de personas que cesaron de publicitarse en Ausbanc» o que tenían «algún tipo de enfrentamiento» con Pineda, o con el objetivo de «presionar a una entidad para lograr algún tipo de acuerdo económico beneficioso para Ausbanc».

La unidad policial acusa a Bernad en ese informe (en el que analiza la documentación incautada en la sede del sindicato) de dejar que terceras personas utilizasen el colectivo de funcionarios «para lograr sus intereses particulares». «Además de buscar un interés económico, sobre todo con la negociación relativa a la retirada de la acusación de la Infanta Cristina», Bernad buscaba, dice la UDEF, «ser centro de atención mediática, algo que le otorgaba el sindicato cuando lo empleaba para actuar contra personalidades de este país». Manos Limpias y su secretario general, mantiene la Policía, «juegan con las denuncias» en función de sus intereses, presionando para lograr la imputación de una determinada persona «para luego negociar con ella la retirada de esa acusación» para «mayor vanagloria de su dirigente».