La Fiscalía ve «determinante» la actuación de Forcadell en la última resolución soberanista

La Fiscalía cree que el comportamiento de la presidenta delParlament,Carme Forcadell, en la ratificación el pasado 27 de julio por parte de la Cámara autonómica de las conclusiones de la Comisión de Estudios sobre la Independencia «pudiera tener relevancia jurídico-penal», por lo que ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que deduzca testimonio a los tribunales competentes para esclarecer su posible responsabilidad en los hechos. En el escrito remitido por el Ministerio Público al Alto Tribunal el pasado 10 de agosto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Fiscalía considera «determinante» su intervención y tacha de «notorio y flagrante» su desconocimiento de las resoluciones del TC del 2 de diciembre de 2015 y 19 de julio de este año, excediendo «sobradamente» los límites que el último pronunciamiento impuso a esa Comisión de Estudios. De ahí que el fiscal juzgue «proporcionadas» las medidas solicitadas por la Abogacía del Estado en su incidente de ejecución, entre ellas el apercibimiento personal a los restantes miembros delParlamento de Cataluña de las consecuencias penales de ignorar los mandatos del Constitucional.

En su escrito, la Fiscalía acuerda la nulidad de la resolución impugnada, en tanto en cuanto establece «un proceso constituyente y de desconexión del Estado español al margen de la Constitución», así como el «desbordamiento» de las advertencias del Alto Tribunal.

Las conclusiones de la Comisión de Estudios, asegura el Ministerio Público, incurren en una «transgresión» de los límites marcados por el TC«introduciendo postulados y pautas de actuación de órganos políticos que no respetan el marco constitucional, en contra de lo resuelto por el TribunalConstitucional».«Se vuelve a ignorar -lamenta- que la soberanía para el inicio de un proceso constituyente no reside en una parte del pueblo español».Asimismo, denuncia, la atribución a las leyes de desconexión dictadas por el Parlamento de Cataluña«de un privilegio de inmunidad sin parangón en nuestro ordenamiento jurídico», puesto que, recuerda, «no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal».

Eso mismo predica respecto al referéndum soberanista, que «no deja de ser también una manifestación de la virtualidad inatacable» que se pretende atribuirle, «desvitalizando» la legitimidad y competencia de otros órganos constitucionales. Los objetivos que se persiguen con esa resolución, sostiene por tanto la Fiscalía, «utilizan procedimientos extramuros del ordenamiento constitucional» en la medida en que concreta «un plan preciso para la secesión» y denota la «voluntad decidida de culminar un proceso constituyente no subordinado», con la atribución alParlament de un poder constituyente en el ejercicio de una soberanía de la que carece.