La Fiscalía ve «reforzada» su acusación de rebelión después de un mes de juicio

La declaración de Castellví, ex mando de los Mossos, clave: «Fue quien abrió la caja de los truenos».

Tras un mes de juicio del «procés» (se cumplió el pasado martes), la Fiscalía cree que su acusación de rebelión a nueve de los doce procesados, con Oriol Junqueras a la cabeza, se ha reforzado. Después del desfile de ex cargos políticos y mandos de Policía, Guardia Civil y Mossos que han declarado como testigos en las últimas dos semanas, el Ministerio Público no se plantea retirar esa imputación. Muy al contrario, fuentes fiscales sostienen que «todo lo que se ha escuchado refuerza la rebelión».

El testimonio del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que aseguró el pasado jueves que advirtió a Carles Puigdemont de que el 1-O «necesariamente» se producirían graves conflictos «de orden público y seguridad ciudadana» fue el que mayor revuelo mediático generó, pero la Fiscalía considera más determinante el que prestó una semana antes Manel Castellví. El ex responsable de la Comisaría General de Información de los Mossos explicó que en esa misma reunión del 28-S la cúpula de la Policía autonómica trasladó a Puigdemont, Junqueras y el conseller de Interior Joaquim Forn el riesgo de que en la jornada del referéndum soberanista se produjera «una escalada de violencia». Para la Fiscalía, apuntan esas mismas fuentes, Castellví es el testigo clave, dado que «es un testigo puro» porque, a diferencia de Trapero (que será juzgado en la Audiencia Nacional por rebelión por haber puesto supuestamente a los Mossos al servicio del plan independentista) «no está imputado». «Fue quien abrió la caja de los truenos», subrayan.

Trapero corroboró días después la versión de Castellví, pero siendo trascendente, su testimonio está condicionado por su condición de procesado por rebelión por estos mismos hechos. De ahí que según la Fiscalía, su declaración también hay que entenderla en clave defensiva pues como imputado en otro procedimiento no tiene obligación de declarar contra sí mismo. Eso no ocurría con Castellví, que al no estar investigado por ningún juzgado por estos hechos estaba obligado a decir la verdad, como cualquier testigo.

«La prueba practicada hasta ahora –añaden las fuentes fiscales consultadas– demuestra que fue un plan concertado en el que cada uno ejecutaba su papel». «Está más claro que el agua», corroboran.

Y hacen hincapié también en la relevancia de las declaraciones como testigos del ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto; del ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo; del que fuera coordinador del dispositivo policial el 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos; de los responsables de la Policía y Guardia Civil en la comunidad autónoma, el comisario Sebastián Trapote, y el ahora teniente general Ángel Gozalo, respectivamente; del ex jefe de la Comisaría General Técnica de Planificación de los Mossos Emili Quevedo; y de Montserrat del Toro, la secretaria judicial que encabezó los registros en la Conselleria de Economía el 20-S.

Todos esos testimonios, subrayan, corroboran según la Fiscalía que se dieron todos los elementos que exige el delito de rebelión, lo que en opinión del Ministerio Público excluye una posible condena (más benigna) por conspiración para la rebelión: «Hay actos concretos de ejecución –resaltan– ¿Hubo alzamiento? Sí. Fue una insurrección generalizada durante un mes. ¿Fue público? Sí. ¿Hubo violencia? Sí. El 20-S y el 1-O fundamentalmente, pero también en otros momentos, porque el concepto que exige este delito no es el de violencia armada. Y, además, se alcanzó el resultado de todas esas acciones típicas del delito: se declaró la independencia y se derogó la Constitución». Aunque, añaden, «la rebelión es un delito de tendencia que no precisa que se alcance el objetivo final».

La Fiscalía apunta directamente a los nueve acusados de rebelión y a un hecho que, según afirman, ha quedado acreditado en este primer mes de vista oral: «Tenían una posición de garantes, como autoridad y convocantes del 1-O, y con su actitud crearon un riesgo jurídico muy grave y relevante que conducía necesariamente a un resultado: los choques que se produjeron» (entre ciudadanos y Fuerzas de Seguridad).

El comisario Ferran López y el teniente del 20-S

La Fiscalía considera que todavía quedan testimonios clave para reforzar su tesis acusatoria. En particular, cuatro de ellos están señalados en rojo por el Ministerio Público. El primero, el del comisario de los Mossos Ferran López, que sustituyó a Trapero tras la aplicación del 155 y a quien el mayor de la Policía catalana, dada su mala relación con Pérez de los Cobos, envió a las reuniones de coordinación del dispositivo policial del 1-O.

Además, la acusación pública también ve determinantes los testimonios de los dos mandos de la Guardia Civil que elaboraron los atestados decisivos durante el «procés», que comparecerán ante el tribunal el próximo día 26.

Por último, la Fiscalía espera que igualmente aporte datos relevantes, para sostener su acusación de rebelión, el teniente de la Guardia Civil que encabezó el dispositivo policial durante el registro de la sede de Economía el 20-S.