La Guardia Civil eleva a 3,2 millones el coste del 1-O

La Guardia Civil cifra en 3,2 millones el coste del referéndum ilegal del 1-O. En su último informe precisa que la Generalitat abonó 1.588.188 euros y otros 1,6 millones están pendientes de pago.

La Guardia Civil cifra en 3,2 millones el coste del referéndum ilegal del 1-O. En un informe del pasado 11 de mayo remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la consulta soberanista, el Instituto Armado precisa que la Generalitat ya ha pagado 1.588.188 euros de esa cantidad, quedando pendientes de cobro 1.664.848 euros.

Por departamentos, Presidencia abonó 2.231 euros y tiene pendientes de abono 498.057 por gastos del 1-O como emisión de anuncios, publicidad, difusión del registro de catalanes en el exterior y creación de la web «pactepelreferendum.cat». En cuanto a la Consellería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la que era titular Oriol Junqueras, abonó 1.201.654 euros para rehabilitar una nave que se convertiría en el Call Center del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). El Diplocat, por su parte, desembolsó 315.316 euros y tiene pendientes otros 52.815 por el coste de los observadores internacionales (vuelos y alojamientos, principalmente).

Asimismo, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), dependiente de Presidencia, pagó 68.894 euros y tiene pendientes 64.334 más por el programa de voluntariado del 1-O que permitía a los ciudadanos inscribirse online.

El informe también hace referencia a la existencia de un «acuerdo» entre la Generalitat y Unipost para repartir 56.000 cartas certificadas de nombramiento de los miembros de las mesas electorales y 5,3 millones de tarjetas censales, con un coste global de 979.661 euros que se facturaría a través de cinco departamentos, unas facturas que hasta la fecha no han sido abonadas, aunque ha habido dos intentos de cobro por parte de Unipost.

De la impresión de los carteles publicitarios se encargó Òmnium Cultural tras recibir el encargo de la propia Generalitat a través del secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia, Antonio Molons. El coste del servicio, 61.879 euros, «iba a ser abonado por la Generalitat».

Por último, los costes de los actos de presentación del referéndum y el acto de inicio de campaña fueron costeados por el grupo parlamentario de Junts pel Si y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), por importes de 14.620 y 95.221 euros, respectivamente.

La Guardia Civil hace hincapié en su informe en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el delito de malversación «se consuma con la disposición de hecho de los fondos públicos; incluso antes, con la posibilidad de disposición», no siendo por tanto imprescindible que los gastos hubiesen sido, necesariamente, pagados.

Los autores del informes concluyen que la investigación ha acreditado «el concierto de todos y cada uno de los actores independentistas para alcanzar el fin último que se habían planteado decididamente tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015», declarar la independencia de Cataluña, objetivo que pretendieron alcanzar aprobando la Ley de Referéndum y las leyes de desconexión. Puigdemont y los miembros de su Govern, especialmente tras la remodelación de julio del pasado año, «mostraron su respaldo, y por ende en de los departamentos de la Generalitat que ellos dirigían, para celebrar la consulta y, tras anunciar los resultados de esta, proceder a proclamar unilateralmente la república». Todo ellos, afirma la Guardia Civil, dentro de una hoja de ruta consensuada y respaldada «con el compromiso de todos y cada uno de los miembros del Ejecutivo catalán». Un compromiso que, de no haber existido, «difícilmente habría permitido la sostenibilidad del desafíos soberanista y la ejecución de sus planes conjuntos».