La Guardia Civil registra durante cinco horas la sede central del Diplocat en Barcelona

Los agentes han buscado documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima que costó 119.700 euros.

La Guardia Civil ha finalizado tras más de cinco horas el registro en la sede del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), donde han acudido por orden del juez de Barcelona que investiga el 1-O, en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales del referéndum.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, los agentes de la Guardia Civil, que iban de paisano, han finalizado hacia las 14.30 horas el registro en la sede del Diplocat, situado en la Casa de les Punxes de la Diagonal de Barcelona, a donde habían llegado a primera hora de la mañana en busca de documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima costó 119.700 euros.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que mantiene imputados a varios exaltos cargos del Govern por el 1-O, ha ordenado el registro de hoy en el Diplocat, donde los agentes de la Guardia Civil tenían la autorización judicial para acceder a los ordenadores, los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos para volcar su contenido, según las fuentes.

Tras efectuar el registro, los agentes, que iban de paisano, han abandonado la sede del Diplocat, donde por la mañana había una quincena de trabajadores, con varias cajas.

El organismo encargado de la diplomacia de la Generalitat se cierra precisamente mañana, tal y como acordó el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en una decisión que el Tribunal Supremo (TS) mantuvo después, pese a que había sido recurrida por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y el Ayuntamiento de Barcelona.

El Diplocat, organismo encargado de proyectar la imagen internacional de Cataluña, depende económicamente del Departamento de Asuntos y Relaciones Internacionales, Exteriores y Transparencia, que dirigía el exconseller Raül Romeva, quien se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de rebelión y malversación por el Tribunal Supremo.

La operación policial se enmarca en la línea de investigación que el juez de Barcelona abrió para averiguar si la Generalitat incurrió en un delito de malversación de caudales, al destinar fondos públicos a la organización del referéndum del 1-O pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Un informe de la Guardia Civil cifra en 1,6 millones de euros el gasto público que el Govern destinó a organizar el referéndum, de los que un total de 119.700 se destinaron a la contratación de los observadores que debían supervisar la celebración del 1-O y que concluyeron que la consulta no cumplía los "estándares internacionales".

Concretamente, el informe del instituto armado señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.

Los investigadores constataron que el Diplocat realizó dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de "contrato de servicios".

En un auto del pasado 3 de noviembre, el juez del 1-O requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referéndum, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo.

En la campaña electoral del pasado 21 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se congratuló de haber cerrado las 'embajadas' en el extranjero del Govern y apuntó que el organismo de promoción de Cataluña en el exterior se llamaba ahora "Diplocat en liquidación".

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió su investigación sobre los preparativos del 1-O a raíz de una denuncia por las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern contaba con una partida económica "camuflada"en los presupuestos de la Generalitat para organizar el referéndum y las estructuras de Estado.