La Guardia Civil ve delito en la gestión de Monteseirín en una fundación

La Guardia Civil aprecia un posible delito de Alfredo Sánchez Monteseirín, ex alcalde socialista de la capital hispalense, y el resto de patronos en la gestión de la Fundación para la Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla).

La Guardia Civil aprecia un posible delito de Alfredo Sánchez Monteseirín, ex alcalde socialista de la capital hispalense, y el resto de patronos en la gestión de la Fundación para la Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla). En un nuevo atestado del equipo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) dirigido al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, se detalla que «podrían existir responsabilidades penales» por parte de los patronos que ejercieron dicho cargo de 2008 a 2011, entre los que también se encuentran Emilio Carrillo, Alfonso Mir, Manuel Marchena y Antonio Rodrigo Torrijos, ya imputado –declara el 18 de noviembre–. Todos «eran sobradamente conocedores de la situación económica» de la institución «y no tomaron las medidas que solucionaran las deficiencias detectadas año tras año» en las cuentas. Y es que eran conscientes de las repetidas advertencias del Interventor y sus votos en las sesiones del Patronato eran «determinantes» para continuar o no «con la línea de actuación» irregular seguida.

Bajo la perspectiva policial, «se desprenden, cuando menos, la existencia de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, concretamente fraude en subvenciones, así como la existencia de delito societario». Igualmente, «evidentes responsabilidades» en la gestión de Miguel Ángel López Adán, gerente, y Carlos Vázquez Adán, miembro de la Comisión Ejecutiva del Patronato y persona que presidía las sesiones en las que se informaba a los patronos de la situación de la fundación y donde se aprobaban las cuentas. Ambos eran conocedores «de primera mano» de muchas de las circunstancias que han sido objeto de estudio en las diligencias. De hecho, ambos están imputados junto a Torrijos, que era entonces responsable del área de Relaciones Institucionales.

Es más, el juez, que investiga el destino de 935.890 euros sin justificar, intuye que «DeSevilla fue utilizada por sus gestores, tanto ejecutivos como políticos, para servirse de la misma para atenciones y finalidades bien particulares, bien partidistas».

DeSevilla se halla en proceso de liquidación, iniciado por Zoido al llegar a la alcaldía, quien no tardó en denunciar que tras las ayudas había «un fraudulento envío de suministro al régimen castrista y a plataformas comunistas de Nicaragua y Colombia, y no ayudas a cooperación humanitaria, el fin primordial» de partidas de hasta 900.000 euros.

Según los investigadores, la Junta de Gobierno (PSOE e IU) «estaba o tendría que estar al corriente» de los reparos de la Intervención y, por consiguiente, «hizo caso omiso» porque se aprobaban «una y otra vez las subvenciones» solicitadas. Hasta 16 actas de sesiones, la mayoría presididas por Monteseirín o Torrijos, se detallan en las que se aprobaron subvenciones para formar a universitarios saharauis, para eliminar fugas de agua en La Habanam Nuakchot o para la gestión de residuos en Varadero, por ejemplo; todas con reparos de Intervención por no cumplir los requisitos y algunas sin justificar ni devolver. En varias ocasiones se señala a la Delegación de Deportes, área también controlada por IU y con Lolo Silva de delegado.

La Guardia Civil se centra en el «acentuado paralelismo» entre dos ayudas de 742.500 y 713.315 euros en las que se adelantó el 75%, se pidieron ampliaciones de los plazos de justificación, finalmente no se justificaron ni se reintegraron las cantidades y además «no existe constancia de que por la Junta de Gobierno se acordaran medidas tendentes a la recuperación del dinero público».