La Iglesia: «Bienvenida la transparencia»

«Bienvenida la transparencia, porque ya estamos en ella. Bienvenido todo lo que sea transparencia», con esta tranquilidad se expresó ayer el portavoz de la Conferencia Episcopal Española.

«Bienvenida la transparencia, porque ya estamos en ella. Bienvenido todo lo que sea transparencia», con esta tranquilidad se expresó ayer el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, al referirse a la Ley de Transparencia Acceso a la Información y Buen Gobierno a la que la Iglesia también quedará sometida. Tal y como adelantó LA RAZÓN, la Iglesia Católica pasará a formar parte de la lista de instituciones y organismos, que financiados mayoritariamente con dinero público, quedarán sujetos a la acción de esta ley. En lo que concierne a esta institución, el Gobierno ha determinado que así sea, dado que recibe fondos públicos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. Lo hace a través de lo que libremente cada contribuyente quiere aportar para ayudar a su sostenibilidad. Es decir, en realidad, desde 2007, la Iglesia en España sólo percibe lo que los fieles deciden a través de la declaración de la renta. Será esta cantidad recaudada del IRPF la que se vea sujeta a lo establecido en la ley.

Desde el Episcopado español, no hay preocupación alguna por las implicaciones que conlleve esta nueva normativa. «Si las leyes disponen algo más preciso, naturalmente estaremos a lo que dispongan las leyes en este punto de transparencia porque no hay ninguna prevención ni ningún miedo», dijo Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, quien aseveró, en más de una ocasión, que «la transparencia es el modo ordinario de funcionamiento de las cuestiones económicas de la Iglesia». Tal es así esta vocación de claridad que anunció que, para el próximo ejercicio, la Iglesia española va a sumar a la memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado que presenta «a las instancias competentes» con el desglose de sus cuentas, la auditoría de una empresa externa «para que se vea que no es lo que decimos nosotros», indicó Martínez Camino.

«De lo que sí hay una relación con dineros que vienen a través de lo que los contribuyentes deciden entregarnos para el sostenimiento de la Iglesia, de eso se está haciendo el informe, y el año que viene (referido a 2013) habrá además una auditoría», puntualizó. A estas explicaciones, el portavoz de los obispos añadió que «si hay que avanzar en esto, se avanzara. Al revés, la transparencia es buena», respondiendo a la posibilidad de que se le pueda exigir alguna aclaración ulterior a la Iglesia sobre sus cuentas. Hay voluntad de que los números de la Iglesia sean lo más transparentes posible y para ello, el portavoz de la Conferencia Episcopal recordó que el informe sobre las cifras de la institución se presenta a un organismo público, al Parlamento: «Cuando se envían a las autoridades, son autoridades públicas. No es una cosa secreta». Del mismo modo, todos los años la Conferencia Episcopal Española presenta de forma abierta la Memoria anual de las actividades de la Iglesia en España, documento que se puede revisar a través de la web de la institución, y las diócesis, por su parte, también publican y publicitan sus números a través de distintos canales.

El Gobierno aún no ha contactado con la Conferencia Episcopal Española para ponerle al corriente de los términos exactos en los que se va a articular la inspección de la Ley de Transparencia a las cifras de la Iglesia. Así lo confirmó Martínez Camino: «No ha habido ningún contacto ni oficial ni oficioso sobre la Ley de Transparencia». Casi en paralelo, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no ha habido aún ningún encuentro con representantes eclesiásticos e indicó que habrá que crear una fórmula por la que incorporar a la Iglesia a los criterios de esta ley dado que no es una administración pública. «Habrá que estudiar cada caso», concluyó.

El portavoz de los obispos quiso hacer alusión a la acción social de la Iglesia en España al asegurar que «es clarísimo lo que recibimos y es mucho lo que se hace y lo que se aporta a la sociedad en múltiples conceptos». Toda esa aportación se refleja en los últimos datos presentados por la Conferencia Episcopal relativos al 2010 que revelan que en ese año, la Iglesia atendió a 4.165.250 personas, un 56,5% más que el año anterior. Cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,35 euros en su servicio equivalente en el mercado. Baste un ejemplo: los 2.445 centros católicos concertados suponen un ahorro al Estado de 4.396 millones de euros.

Fondos para Educación: un dinero que manejan los centros y los docentes directamente

Martínez Camino quiso hacer hincapié también en dos cuestiones particulares referentes a la asignación de fondos del Estado en el ámbito educativo: los colegios concertados y los profesores de Religión. Esas partidas salen de los Presupuestos Generales directamente a las instituciones de enseñanza, no pasan por la Conferencia Episcopal Española ni por las diócesis. Los centros «reciben un concierto para pagar a los profesores, pero ese dinero es exactamente el mismo que reciben los colegios laicos», dijo Martínez Camino. En cuanto al profesorado de Religión, aclaró que el dinero que paga sus sueldos también sale del Estado y pasa a los bolsillos de los docentes, sin injerencias de ningún otro organismo eclesial. De este modo, el Estado garantiza a los padres que sus hijos puedan recibir una educación religiosa en un centro público.