La imputación de la Infanta se tomó en febrero, el día que declaró Urdangarín

Unas cuantas semanas antes de que, el pasado miércoles, el juez José Castro acordase la citación como imputada de la Infanta Cristina, el magistrado ya había tomado la decisión de dar ese paso al que se había resistido, en términos muy contundentes, un año atrás, cuando el sindicato Manos Limpias le reprochó que no citaba a declarar a la hija del Rey para ahorrarle el «estigma» social del paseíllo judicial. Según las fuentes consultadas por este periódico, el pasado 23 de febrero –cuando Iñaki Urdangarín declaró por segunda vez como imputado ante el instructor del «caso Nóos»–, Castro ya había deshojado la margarita. Antes, por tanto, de la penúltima remesa de correos electrónicos enviada por Diego Torres en los que Urdangarín pedía consejo a su esposa sobre su actuación en el Instituto Nóos. «Esos correos no aportan nada», afirman esas mismas fuentes.

No hubo, por tanto, un desencadenante, añaden, sino más bien una acumulación de indicios que desbordaron la renuencia de Castro a imputar a la Infanta. Al 14º fue la vencida. Ése es el número de indicios (incluida esa tanda de correos) que el magistrado enumeró en su resolución como argumento para esa decisión histórica. Él mismo reconocía en su auto que ninguno de ellos tenía el peso suficiente para sustentar la imputación pero que, relacionados en su conjunto, bastaban para apuntalar la imputación. Cuando el juez acorraló a Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, a quienes el pasado 16 de febrero les pidió abiertamente que le dieran motivos para imputar a la Infanta Cristina, si es que los había, Castro ya sólo buscaba completar la lista de indicios (la respuesta de la esposa de Torres, que se quejó de que Doña Cristina no había sido citada «por ser quien es», engrosa, de hecho, la relación de esos 14 indicios cuestionados por el fiscal).

¿Hasta que la Infanta nos separe?

El pasado viernes por la mañana, fiel a su costumbre, el fiscal Pedro Horrach se plantó en el despacho del juez José Castro, de su amigo Pepe Castro, con veinte folios bajo el brazo. Venía a entregarle el recurso de apelación contra su decisión de imputar a la Infanta. Igual que siempre, como hizo con su petición de fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones para Iñaki Urdangarín y Diego Torres, quería entregarle el documento en mano. Ese día más que nunca.

Desde que se puso en marcha la investigación del «caso Nóos» hace casi tres años, juez y fiscal han avanzado al unísono, sincronizando casi los movimientos, como una cordada al borde del precipicio. Sabían que cualquier resbalón les arrastraría a los dos. Y eso une mucho, vaya que si une. Hasta que la imputación de la Infanta se ha cruzado en su camino. Esa desavenencia pronto aventó los rumores sobre su distanciamiento. Se hablaba, incluso, de una sonada bronca entre ambos la noche del pasado martes, horas antes de que Castro hiciese pública la imputación de Doña Cristina. Nada más lejos. Por eso, Horrach quiso el viernes actuar con normalidad y presentarse en el despacho del magistrado.

Quienes presenciaron ese momento confirman que el trato fue «tan cordial como siempre», pese a que esta vez la «bomba atómica» no la remitía Diego Torres, sino el propio fiscal. ¿Una pose para acallar maledicencias o la naturalidad por bandera? Las fuentes consultadas niegan que se tratara de una pamema e insisten en que lo ocurrido «no afectará a su relación». Ellos mismos se encargaron de ahuyentar suspicacias al despedirse, cuando el recurso de Horrach ya descansaba sobre la mesa del modesto despacho del juez.

Ambos expresaron en esa conversación privada la perplejidad que les había provocado que intentaran enfrentarles a cuenta «de una discrepancia que se ciñe al terreno jurídico».