La imputación de Rovira eleva a 19 los diputados investigados por rebelión

El juez Llarena incluye en esa lista de 28 responsables del «procés» a Mas, Pascal, Gabriel y Boya.

El juez Llarena incluye en esa lista de 28 responsables del «procés» a Mas, Pascal, Gabriel y Boya.

Tras los últimos informes remitidos por la Guardia Civil, era cuestión de tiempo que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ampliara la lista de investigados por rebelión por su papel en el proceso independentista de Cataluña. Y ayer, en pleno sorteo de la lotería de Navidad y todavía con la clase política digiriendo los resultados de las elecciones catalanas, el instructor comunicó su imputación a otros seis investigados: la secretaria general de ERC, y número dos en la lista que encabezaba Junqueras, Marta Rovira; la ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya; la que fuera su portavoz en la Cámara, Anna Gabriel; el presidente del PDeCAT, Artur Mas; su coordinadora general, Marta Pascal, y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), Neus Lloveras.

La decisión del magistrado del Alto Tribunal –que aún no ha fijado la fecha para tomar declaración a todos ellos– eleva a 28 el número de investigados por rebelión, sedición y malversación. Y pueden ser más, pues la Fiscalía reclamó ayer mismo a Llarena que sume a esa lista tanto al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero como al ex número dos de Junqueras en la consejería de Economía, Josep Maria Jové (que ya está imputado por el juez de Barcelona que investiga el 1-O).

En total, 19 investigados por el «procés» (en el Supremo o en el Juzgado número 13 de la ciudad condal) han obtenido acta de diputado en los comicios del pasado jueves. De ellos, tres están en prisión (Junqueras, el ex conseller Joaquim Forn y Jordi Sánchez) y otros cinco refugiados en Bélgica, con Puigdemont al frente. En libertad bajo fianza hay otros cinco ex consellers y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, número 4 de la lista de ERC por Barcelona; en libertad con medidas cautelares están Jové y Josep Lluís Salvadó, muñidor de la Agencia Tributaria catalana y otro de los «fontaneros» de confianza de Junqueras en el «procés»; y pendiente de ser citada como imputada ya está la número dos de ERC, Marta Rovira.

Pendientes de la fecha de constitución del nuevo Parlament y de la recogida de sus actas, los tres diputados electos en la cárcel se jugarán en una semana las bazas para recuperar la libertad. Como adelantó LA RAZÓN, el Tribunal Supremo ha citado a Junqueras el próximo 4 de enero para la vista en la que la Sala Penal estudiará los argumentos de su defensa para salir de prisión. Una semana después, el día 11, Forn y «los Jordis» declararán a petición propia ante el instructor buscando la ansiada orden de libertad.

«Apoyo político»

En cuanto a Puigdemont y los otros cuatro ex consellers huidos –que por ahora se mantienen firmen en su intención de no regresar a nuestro país– serán detenidos en cuanto pisen suelo español, pues aunque se anulase la OEDE las orden de detención siguen vigentes dentro de nuestras fronteras.

En su resolución, el juez Llarena comunica a los seis políticos su condición de investigados, por las «sospechas» que sobre ellos se ciernen, para que designen abogado que les represente y garantizar así sus derechos. El magistrado explica que las diligencias que hasta el momento se han practicado apuntan a que los hechos que se investigan se han podido desarrollar «bajo la dirección y coordinación» de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de las formaciones independentistas y la presidenta de la AMI. Unas sospechas fundamentadas no sólo en su pertenencia al comité estratégico encargado de llevar adelante los planes secesionistas, según el documento EnfoCats –la hoja de ruta soberanista intervenida a Jové–, sino también en su participación en algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para «idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga».

El magistrado añade que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en la hoja de ruta separatista, «aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término», tal y como detalla la Guardia Civil en su último informe.

Además de la imputación de Trapero y Jové, la Fiscalía pide al instructor que reclame al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña toda la información relativa al 1-O y su preparación y a la presumible utilización de fondos públicos para costear el referéndum ilegal, hechos que «constituyen el núcleo central de la investigación que se sigue en esta causa especial».

Del mismo modo, el Ministerio Público pretende que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona –en el que se investiga el 1-O– facilite al Tribunal Supremo todas las diligencias que tienen «relación directa» con la investigación por rebelión: las transcripciones de las intervenciones telefónicas autorizadas y la documentación incautada en los ordenadores de los imputados.

La Fiscalía quiere a Trapero en el TS

Para la Fiscalía, la imputación por rebelión de Trapero y Jové es «absolutamente inexcusable» por su «participación en el núcleo central» de los hechos investigados y su «aporte material muy significativo» al proceso soberanista. Además, quiere que todos los ex consellers que ya declararon en la Audiencia Nacional (cuando la causa la instruía la magistrada Carmen Lamela) vuelvan a hacerlo ante Llarena. En su escrito pide también al instructor que reclame a los Mossos un informe sobre los motivos que sustentaron la entrega de móviles a las patrullas desplegadas en los colegios electorales el

1-O y la razón por la que «no se emplearon los canales habitualmente utilizados» para esas comunicaciones.