La independencia cuesta más de 800 millones al año a los catalanes

La Generalitat ha creado una red de entes públicos con remuneraciones de sus altos cargos que rozan las del presidente del Gobierno.

El movimiento independentista, más allá de ser una opción política legítima, mueve un amplio negocio de dinero público dirigido a sostener una amplia red de colectivos, personas físicas y entidades empresariales. Los datos públicos demuestran cómo desde el Presupuesto de la Generalitat se sufragan cuantiosos gastos de los movimientos independentistas pese a que debería ser una institución que sirviese con neutralidad a los intereses de todos los catalanes. La Administración catalana da cobijo a activistas cuyo único mérito es servir al ideario independentista, y a cambio reciben sueldos que superan con creces los usuales en otras administraciones. Son datos, no juicios de valor, y esos datos sumados dicen que el independentismo cuesta más de 800 millones al año a los catalanes. En ese entramado hay instituciones, asociaciones y entidades públicas, pero también privadas, que han hecho del proyecto de ruptura con España su modo de vida.

Los sueldos

La Generalitat lleva tiempo dedicada a intentar crear estructuras de Estado en ámbitos de competencia exclusiva del Gobierno central. Y en esta acción destaca todo lo que afecta a las instituciones de acción exterior. La mayoría de los que ocupan puestos de responsabilidad en esta red cobran más de 80.000 euros, muy por encima de lo habitual en el sector público. Es sabido que el presidente de la Generalitat cobra un 78 por ciento más que el presidente del Gobierno de España, en concreto 145.471 euros. Pero luego hay que seguir sumando. En viajes y transporte se ha presupuestado un gasto de más de 670.000 euros, la mayor parte del cual es gasto en viajes al exterior, utilizados para hacer propaganda del secesionismo. Este capítulo del presupuesto se incrementó en 2017 un 5,6 por ciento. Los actos institucionales de Carles Puigdemont y las atenciones protocolarias de sus altos cargos ascienden a cerca de un millón de euros. En 2017, esta partida se incrementó un 8,8 por ciento. Se incluye el gasto de la Casa de la Generalitat en Perpiñán, que asciende a 147.000 euros. Sus funciones teóricas son potenciar y dinamizar las relaciones transfronterizas y organizar actividades para la difusión cultural, turística, social y económica de Cataluña. Los gastos de la Delegación de la Generalitat en Madrid ascienden en 2017 a 300.000 euros, con un incremento del 50 por ciento. La Delegación desarrolla actividades cada vez más orientadas a la propaganda independentista. El delegado en Madrid, Ferran Mascarell i Canalda, percibe una retribución de 84.919,56 euros anuales y acompaña a Puigdemont y otros cargos en sus desplazamientos oficiales.

El último de los gastos relacionados con la Presidencia de la Generalitat y su actividad de promoción es el que genera la denominada «oficina del ex presidente», con tres puestos de trabajo adscritos a su servicio, una dotación para gastos de oficina, un automóvil de representación con chófer y los servicios de seguridad necesarios. Artur Mas recibió en 2016 una retribución anual de 111.519 euros y sus gastos de oficina ascendieron a 41.723 euros. Mas está realizando muchos viajes al exterior para defender la causa independentista, que se imputan al presupuesto de la Generalitat. En marzo viajó a Oxford y Harvard, y el coste, asumido por la Oficina del ex presidente, fue de 8.055 euros.

La acción exterior

Otra de las estructuras propagandísticas es el departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales Exteriores y Transparencia, enmendado por el Tribunal Constitucional. Su consejero Raúl Romeva recibe una retribución anual de 109.663 euros, un 34 por ciento más que el presidente del Gobierno. Y su director de Gabinete, Iván Altisent Fornons, gana 74.379 euros. En la misma línea, se pueden seguir sumando los sueldos de los directores generales de Relaciones Exteriores, de Asuntos Multilaterales y Europeos y de Cooperación al Desarrollo, que ascienden a 81.396 euros, ligeramente inferiores al que recibe Rajoy, 81.744 euros. Igual que estos directores generales cobran los diez delegados de la Generalitat en el exterior, y hay otros tres pendientes de designación. En dos años se han duplicado. Además, la Generalitat anunció al inicio de este proceso de expansión que tenía la intención de abrir hasta 50 delegaciones. Al frente de ellas hay periodistas, una diseñadora gráfica, un técnico en electrónica industrial, una licenciada en Filología y Literatura catalana o una consultora de gobiernos y de clubes de fútbol. Todos con más empleados a su cargo, que también viven de la expansión independentista. El presupuesto total del Departamento de Exteriores asciende a 39,6 millones de euros. Y en 2017 se incrementó en más del 80 por ciento.

Esta acción exterior se completa con una importante estructura de entes públicos, que en muchos casos cuentan con personal en el extranjero, y en los que muchas veces la mitad del presupuesto es para gastos de personal. Del Departamento de Exteriores depende la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, cuestionada por la sindicatura de cuentas catalana; y el DIPLOCAT, que ha creado incluso un Consejo Consultivo formado por 39 miembros. También el Memorial Democratic, con 22 trabajadores y un presupuesto para 2017 de 1,87 millones de euros, produciéndose un incremento este año del 32 por ciento. El Instituto Catalán Internacional para la Paz cuenta con 14 empleados y un presupuesto de 1,42 millones de euros. El Consorcio del Museo Memorial del Exilio tiene un presupuesto de 442.000 euros, y el Consorcio Memorial del Espacio de la Batalla del Ebro, 360.650 euros.

Presidencia

Esta radiografía se repite en los organismos dependientes del departamento de Presidencia. Intracatalonia, Agencia Catalana de Noticias, tiene un presupuesto de 3,33 millones de euros, el 73 por ciento destinado a gastos de personal. Según un informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, en 2013 incumplió las limitaciones vigentes sobre incrementos de plantilla y contratación de personal. Mientras que del departamento de Cultura depende el Instituto Catalán de Empresas Culturales (58,7 millones de euros), el Consorcio para la Normalización Lingüística (29 millones de euros) y el Consorcio del Instituto Ramón LLull (8,4 millones de euros). Por último, dependientes del departamento de Empresa y Conocimiento están la Agencia para la Competitividad de la Empresa (77,6 millones de euros) y la Agencia Catalana de Turismo (23,2 millones de euros).

Además, amparándose en la Ley de Acción Exterior la Generalitat apoya 116 comunidades catalanas en el exterior, que tienen derecho a ayuda económica, a la participación en programas, delegaciones y cualquier otro tipo de iniciativa organizada por la Generalitat, a la firma de convenios para la prestación de ciertos servicios o el ejercicio de las funciones que les sean delegadas y a un fondo editorial e informático sostenido con fondos públicos.

Otros colectivos

La Generalitat también se esfuerza en mantener contactos con catalanes en el exterior que realizan actuaciones en favor del independentismo. Algunos se han agrupado en colectivos que apoyan públicamente el proceso como el Colectivo Wilson, el Colectivo EMMA y el Colectivo Praga. Por otro lado, Puigdemont se encarga de contratar servicios a instituciones y lobbies privados que les asesoran o ayudan a que se exteriorice cierto apoyo a la causa catalana, como el Independent Diplomat, que habría recibido 1,4 millones de euros por servicios de asesoramiento a través de tres contratos desde 2013.

Todo este despliegue exterior genera unos costes desproporcionados para una comunidad autónoma. El gasto en propaganda exterior se estima en 266 millones de euros, y en 2017 ha crecido un 32 por ciento. Más de 74 millones se destinan a retribuciones de personal y más de 90 millones a transferencias al sector privado, tanto empresas como a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Viajes al exterior y actos institucionales tienen un objetivo puramente propagandístico. No parece casual que muchas de las personas que ocupan puestos de acción exterior sean expertos en comunicación. Los resultados diplomáticos han sido nulos hasta ahora. Al margen de la acción exterior existe un entramado de órganos y organismos destinados a la causa independentista. La Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno y el Instituto de Estudios de Autogobierno, con 15 empleados. Múltiples estudios que defienden el independentismo están subvencionados por el Instituto de Estudios de Autogobierno, y en 2016 concedió ayudas por 93.430 euros. Hay que añadir la Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno, que depende de Junqueras. El reparto de consejerías entre el PdCat y ERC ha duplicado ciertas estructuras.

Estructuras de Estado

A esta red hay que sumar las partidas destinadas directamente al referéndum y los organismos que pretenden constituir las estructuras de Estado de la Cataluña independiente, como el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT). La inversión de la Generalitat en estrategias de ciberseguridad se ha multiplicado por 13 en los últimos cinco años hasta alcanzar los 12,3 millones de euros. La actuación del CESICAT está siendo investigada por los tribunales. También forma parte de estas estructuras el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), a través del cual se licitaron los contratos para el 9-N. Tiene unos gastos de personal de 4,7 millones de euros. Además del Centro de Estudios de Opinión (1,45 millones de euros), que ha sido utilizado para contratar a una empresa privada que realice una encuesta de opinión para el proceso independentista, con un coste de 56.785 euros. Otro organismo es la Escuela de Administración Pública de Cataluña, con un presupuesto de 3,18 millones de euros.