La juez del «caso ITV» ve «indicios racionales» contra Oriol Pujol

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, consideraba, ya en abril del año pasado, que Oriol Pujol Ferrusola, secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), podía estar implicado en el sumario sobre la adjudicación irregular de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), en el que se investiga a varias personas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude de subvenciones.

La magistrada es la que tiene que decidir, a la vista del informe que le eleve el fiscal, si envía el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al ser Oriol Pujol parlamentario autonómico y, por lo tanto, persona aforada.

Investigados

En auto, dictado el 20 de abril del año pasado, por el que prorrogaba el secreto de las actuaciones, la juez señalaba, entre otras cosas, que «en base a las investigaciones llevadas a cabo por funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Barcelona y a través de las intervenciones telefónicas acordadas por el Juzgado número 3 de Lugo (que fue el que inició las actuaciones, dentro del «caso Campeón») existen indicios racionales suficientes» sobre los «investigados» Sergi Alsina, Sergi Pastor, María Jesús Muro, Pedro Navarrete, Josep Tous, Xavier Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, Ricard Puignou, Josep María Canos, Isidre Masalles, Román Margariga y Assupta Ferrán.

Según el auto, estas personas estarían, presuntamente, creando la estructura operativa para obtener, de forma fraudulenta, la adjudicación de una ITV e iniciar la realización de ESCOS (Energy Service Company), inicialmente en el ámbito industrial y público y, posteriormente, en el ámbito particular (residencial), «aprovechando la infraestructura y experiencia de empresas relacionadas con dichos ámbitos».

En concreto, la juez citaba a la empresa Ficosa (en la que figuraba un empresario, Sergio Alsina, compañero de estudios de Oriol Pujol y que tenía empleada a su esposa en una entidad denominada Alta Partners) y subrayaba que «mediante la creación, con financiación obtenida a través de subvenciones públicas, de nuevas sociedades, participadas por algunos de los investigados, realizando maniobras y gestiones tendentes a la manipulación de un futuro concurso público para la obtención de la adjudicación, presuntamente fraudulenta, de autorizaciones de ITV, evitando un procedimiento de concurrencia pública a la que pudieran acceder diversos operadores a valorar con criterios de objetividad, al ya estar pactadas parte de las adjudicaciones de estaciones de ITV que saldrían a concurso, obviando las necesidades del mercado».

Detenciones

El auto de la magistrada se emitía cuando ya se habían producido las primeras detenciones, en marzo de ese año, entre ellas las de Sergio Alsina y Sergio Pastor, pero enfatizaba que era necesario mantener el secreto del sumario con el fin de que el Grupo de Investigación de Vigilancia Aduanera pudiera practicar las «diligencias esenciales» derivadas de dichos arrestos, sobre todo en lo que se refiere al «análisis de la documentación intervenida así como el volcado de los teléfonos», que se habían incautado.

En definitiva, se trataba de evitar el perjuicio de «posibles líneas de investigación para la comprobación de los hechos delictivos que se investigan en esta causa» y por «existir riesgo cierto de la desaparición de eventuales imputados o pruebas esenciales para la comprobación de los hechos delictivos».

Tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición del pasado viernes, la postura de la Fiscalía Anticorrupción es la de solicitar a la juez López Mejía la imputación de Oriol Pujol, a la vista de un informe, que permanece secreto, que sobre la posible implicación del secretario general de CDC ha realizado el Servicio de Vigilancia Aduanera.