La Junta baraja pagar la defensa de sus cargos imputados en la trama

«Estamos en el mundo al revés», mantuvo ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, al criticar que la veintena de afectados por la reciente imputación masiva de la instructora del «caso ERE», Mercedes Alaya, no hubiera recibido aún la «notificación oficial de parte del juzgado» de su procesamiento. Una aseveración que bien podría aplicarse a lo que se dedujo de otras de sus palabras en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La Junta sufragará la defensa jurídica a los altos cargos o funcionarios en activo imputados por la magistrada. Y lo haría, pese a estar personada como acusación en la causa junto al PP, los sindicatos SAF, CSIF, UGT y Manos Limpias, la Fiscalía y el BBVA.

Vázquez se agarró al Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico y del Cuerpo de Letrados del Ejecutivo regional, en vigor desde diciembre de 2000, para justificar el aparente contrasentido. Sostuvo que la Junta aplicará «estrictamente» esa normativa, lo que «quiere decir» que «aquellos cargos y funcionarios de la Administración Pública que lo sean actualmente podrán pedir el servicio o el pago de la defensa en causa judicial». Preguntado sobre la posibilidad de que estén previstas excepciones a esa regla, dijo desconocerlo.

¿Pagará la Junta el letrado a todos los cargos en activos encausados por su participación en la trama que investiga Alaya?

Del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el citado Reglamento, no se puede deducir que sí. En su disposición adicional segunda consta que los abogados del Ejecutivo andaluz podrán asistir «a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta, cualquiera que sea su categoría», previo informe del Gabinete Jurídico y la «autorización correspondiente» de la «Consejería de quien dependa el afectado». En el mismo apartado se especifica que «en los casos en los que, resultando procedente la defensa» por los letrados de la Junta, «pudiera existir incompatibilidad material por la posición procesal que la comunidad autónoma haya de mantener en el mismo o en otros procedimientos», se podrá «contratar los servicios de profesionales que se encarguen». De nuevo, con el pertinente plácet del gabinete jurídico y de la Consejería. De hecho, según explicó el propio Vázquez, «por norma general, las personas imputadas siendo altos cargos» han optado por esa vía y «han buscado una defensa privada». ¿Qué supone eso? Que la Administración, con fondos públicos, abona las minutas de los letrados. ¿Existe algún límite en cuanto a su cuantía? Vázquez también lo desconoce. En relación a ese punto, fuentes jurídicas cercanas al «caso ERE» indican que un representante legal podría pedir «entre 50.000 y 60.000 euros de provisión inicial fácilmente». «Es más –añaden–, si se tratara de un despacho, la cifra podría elevarse hasta los 100.000». La Junta negó en un comunicado nocturno que fuera a correr con ese gasto.