La Junta quiere controlar la Mezquita pese a no invertir ni un euro en 18 años

Manifiesta «preocupación» por la gestión de un monumento que bate récords de visitantes

La Junta de Andalucía (y sus socios de Izquierda Unida) ha capitaneado durante los últimos meses una campaña de acoso y derribo al Cabildo de la Catedral de Córdoba con el objetivo de lograr la cogestión de este emblemático monumento y dar carpetazo a casi 800 años de titularidad eclesiástica del templo. Este súbito interés en garantizar la buena gestión turística de la Catedral contrasta con el abandono presupuestario al que la Junta ha sometido al principal reclamo de Córdoba: la última inversión en el mantenimiento de la Mezquita data de hace 18 años, como ha denunciado el Cabildo recientemente. Además, en una provincia con tasas de paro por encima del 30%, esta cruzada anticlerical ha sido calificada por la Iglesia como «artificial e interesada», sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un punto de interés turístico que bate desde hace años su récord de visitas.

¿Pero qué se esconde tras esta campaña extemporánea? Dos son las principales explicaciones que se han ofrecido hasta el momento. En primer lugar, se trataría de una estrategia por la que la izquierda enarbolaría la tradicional bandera del anticlericalismo para movilizar, de cara a las autonómicas y municipales de 2015, a sus desilusionadas masas electorales, seducidas por el fenómeno Podemos. Otras voces creen que la titularidad pública del monumento es en realidad sólo el primer paso en una estrategia para lograr instaurar el culto compartido (cristiano e islámico) en este templo en el que viene celebrándose el ritual católico desde 1236. Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y principal portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral, afirmaba sin ambages en un artículo publicado poco antes de que se pusiera en marcha la campaña: «O un templo ecuménico habilitado para el rezo compartido. O un monumento laico como Santa Sofía en Estambul. Así se zanjaría el debate sobre la funcionalidad de un monumento singular y único en el planeta».

Otro de los mantras repetidos por el «lobby» expropiador es que la Mezquita Catedral es un «bien público». Sin embargo, la Dirección General de Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda, reconoció en abril de este mismo año que la Mezquita es propiedad de la Iglesia desde 1236 y que nunca ha pertenecido al Estado español. Especialmente paradójico es el interés que tiene la Junta de Andalucía de controlar la gestión del templo aludiendo a una «profunda preocupación» (son palabras del consejero de Turismo, de Izquierda Unida) por que la actitud del Cabildo dañe el potencial turístico del monumento. No sólo es que la Mezquita vaya a tener millón y medio de visitantes este año (nuevo récord histórico) sino que, además, como ha denunciado el Cabildo durante la polémica, la última inversión de la Junta en el mantenimiento de la Mezquita se produjo hace 18 años.

Por si fuera poco, el otro gran monumento turístico de Andalucía, la Alhambra de Granada, se ha visto envuelto en un escándalo de fraude de entradas en el que ya hay 77 imputados, entre ellos varios cargos de la Junta.