La ley antidesahucios de Rajoy beneficiará a 120.000 familias

La Comisión de Economía aprobó ayer sólo con los votos del PP la Ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que incluye medidas contra los desahucios, entre duras críticas de la oposición, que ha acusado a los populares de dar la espalda a la calle.

La Comisión de Economía aprobó ayer sólo con los votos del PP la Ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que incluye medidas contra los desahucios, entre duras críticas de la oposición, que ha acusado a los populares de dar la espalda a la calle. El texto legal, que ahora se envía al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, se corresponde con el último borrador elaborado por el PP e incluye una enmienda de UPN relativa al fondo social para alquiler. La nueva enmienda estipula que en un plazo de seis meses se evaluará la posibilidad de ampliar el colectivo de personas en situación de vulnerabilidad que pueden beneficiarse del fondo social de vivienda de la banca, que cuenta con casi 6.000 viviendas.

En vigor, en junio

Todos los grupos de la oposición han criticado con dureza el texto elaborado por el PP al considerar que no resuelve el problema de los desalojos y que no incluye sus enmiendas. Durante el debate de la Comisión, la portavoz de vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha señalado que la nueva ley supone un «cierre en falso» del problema de los desahucios. La ley podría entrar en vigor en el plazo de dos meses.

Según Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del PP en el Congreso, a partir de ahora, «decenas de miles de personas verán mejoradas sus condiciones de vida y podrán mantener su vivienda si tienen dificultades reales mediante una reestructuración de la deuda. Es un paso de gigante para la mejora del mercado hipotecario».

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular aseguraron que se había intentado llegar a acuerdos con todos los grupos políticos hasta el miércoles, horas antes de la votación. La condición impuesta por todos ellos para votar «sí» al proyecto de ley era la incorporación del texto de sus enmiendas. En el caso del principal partido de la oposición, para el GPP ha tenido un cambio radical de su posición a raíz de la presentación de la iniciativa del Gobierno de Andalucía para expropiar a los bancos las viviendas vacías con el objetivo de que sean ocupadas por personas desahuciadas. Al Partido Popular le preocupa que «el espectáculo haga perder la dimensión de los que hemos aprobado».

Alrededor de 120.000 familias podrán beneficiarse de esta ley, alrededor de un 10% de los 1,2 millones de hogares que ingresan por debajo de tres veces el IPREM (19.164 euros anuales) y tienen deuda hipotecaria. Según los cálculos del PP, la mayoría de las personas que se encuentran en paro y tienen que hacer frente a una hipoteca podrían entrar dentro de los condicionantes de la ley.

Conocer el riesgo

Una de las últimas novedades introducidas en el texto que ayer se aprobó es la obligatoriedad de que la escritura de compraventa de un piso lleve incorporada la manifestación expresa del prestatario de que conoce los riesgos a los que hace frente al suscribir el préstamo con la entidad bancaria.

El proyecto de ley es un muestrario de «medidas excepcionales para situaciones excepcionales», como lo definió ayer el PP. El fin que se persigue es que las personas afectadas puedan seguir viviendo en su casa, por lo que no admite como norma universal la dación en pago, «porque no es la solución que pretendemos».

La crisis económica ha disparado los desahucios a partir del año 2009, con medias anuales de entre 65.000 y 75.000 afectados, cuando en el año 2007 apenas superaban los 20.000 lanzamientos.