La Policía busca el «censo oculto» que se iba a utilizar para el referéndum

Los datos estarían almacenados en la sede del Idescat, que fue ayer registrado.

La Brigada de Información en Cataluña de la Policía Nacional realizó ayer una operación para tratar de un localizar un «censo oculto» que tenían los organizadores del referéndum ilegal del 1-O, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación. Para los responsables entonces de la Generalitat era absolutamente necesario contar con un censo, al margen del oficial, que no podían utilizar por la ilegalidad de la consulta, para de alguna manera «acreditar» los resultados de la votación.

Fue precisamente el ex dirigente y ex senador de Esquerra republicana de Cataluña Santiago Vidal en el que, en una serie de conferencias, reveló que la Generalitat se había hecho de forma ilegal con un censo para el referéndum. Como otros asuntos que contó en esas charlas se fueron confirmando, la búsqueda de ese censo, y la forma en la que los responsables de la Generalitat se hicieron con él se ha convertido en una de las investigaciones más importantes para aclarar todo lo ocurrido el 1-O.

Tras varios meses de pesquisas, la Brigada Información ha obtenido indicios de que ese «censo oculto» podía encontrarse almacenado en alguno de los ordenadores de del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) de la Generalitat.

Por ello, ayer realizó, con la preceptiva orden judicial, la búsqueda e incautación de la documentación relacionada con la confección del censo.

El requerimiento ha sido ordenado por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que instruye una causa sobre los preparativos del referéndum de independencia que anuló el Tribunal Constitucional.

Los agentes se personaron a primera hora de ayer con el requerimiento judicial en las oficinas del Idescat, organismo de la Generalitat que centraliza los trabajos estadísticos realizados por las distintas instituciones autonómicas.

Con este requerimiento, el magistrado pretende indagar, en la línea de las investigaciones de la Brigada de Información, si el Idescat desempeñó algún papel en la confección del censo que se pretendía utilizar (al final se optó por «invocar» un censo universal, dada la imposibilidad de usar uno sistematizado). Su elaboración de forma irregular podría constituir un delito de revelación de secretos. La diligencia de ayer fue adoptada por el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, que es el que en la causa abierta por los preparativos del referéndum sustituye al magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer mientras se resuelve sobre la recusación que las defensas del caso han presentado contra él.

Precisamente, hace unas semanas el juez abrió una pieza separada para investigar varias denuncias por revelación de secretos por el uso de datos personales en el envío de cartas por parte del Gobierno catalán para designar a los miembros de las mesas electorales del 1 de octubre, informa Efe.

El magistrado trata de averiguar si los datos personales de ciudadanos que gestiona el Idescat pudieron ser utilizados para confeccionar el censo que se trataba de emplear para la votación del 1 de octubre, cuyo origen es uno de los extremos sobre el referéndum que nunca fue aclarado por el Gobierno catalán.

El juez indaga también si hubo un delito de revelación de secretos en el envío de cerca de 55.000 cartas a ciudadanos catalanes para que formaran parte de las mesas electorales o en los datos incluidos en la página web que la Generalitat creó para que los ciudadanos supieran en qué local podían votar.