La puntilla de los radicales a la Fiesta Nacional

Desde Alicante, en el Mediterráneo, a Huesca, en el Alto Aragón, ha caído sobre el país un telón de acero. La España frentepopulista anda estos días estrenando mando con medidas de primera necesidad para sus ciudadanos. La retirada de los dineros destinados a los festejos taurinos o, directamente, su veto, se ha convertido en la prioridad de los gobiernos municipales de nueva planta, esos gobernantes post-gramscianos a quienes oír eso de la Fiesta Nacional siempre les pareció un insulto. No tanto por asumir el concepto de Nación, tal vez, sino por aceptar que la condición humana precisa para su existencia del desahogo festivo. La risa, la broma, la fiesta, bah, todos al paredón.

El último chupinazo ha sido proclamado en el pleno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, recién autodenominada «ciudad antitaurina». Como Barcelona en 2004, o toda Cataluña en 2010, el síndrome abolicionista se extiende por el Levante español y arrecian las fiebres en un creciente número de municipios repartidos por la toda la piel de toro, un símbolo que ni siquiera se permite ya al cartón piedra de Osborne, diseño inmortal del artista portuense Manolo Prieto, también en trance de ser mortalmente estoqueado y erradicado de las carreteras.

El estreno del Gobierno de la capital mallorquina ha consistido en la prohibición, que no es más de lo que puede esperarse de una coalición entre PSOE, nacionalistas (Més per Palma) y la rama populista (Som Palma, marca blanca de Podemos). Lo mejor de todo, o lo peor, es que se trata de una declaración simbólica. El coso taurino requiere de licencia autonómica, que es la administración con esa competencia, y por ahora cuenta con el beneplácito para la celebración para un festejo el próximo jueves, 6 de agosto. Veremos.

A los toros les están lloviendo banderillas negras. También las sufre el aficionado, que lleva años soportando gritos e insultos en las mismas puertas de las plazas donde, mire usted qué delito, un grupo de personas se reúne en torno a un espectáculo que sopla ya miles de velas en esta parte del Mediterráneo. Nada que ver con lo que pasa en Francia. El país vecino declaró en 2011 la tauromaquia patrimonio cultural inmaterial, una declaración que blinda a la Fiesta ante cualquier intento de prohibición. Como en la España de las autonomías hay de facto diecisiete reglamentos taurinos, no es posible equipararse a los vecinos transpirenaicos, que después de «adoptar» a Picasso terminarán apropiándose de la «Fête Nationale».

De vuelta a España, uno encuentra el fango más desolador. Dos gañanes hundiéndose mientras se dan garrotazos en la paramera, que es lo que ideó Goya en aquellos otros tiempos de mudanza. La radicalidad está imponiendo su marcheta y el extremo alcanza a localidades como Gandía, Játiva, La Coruña, Pontevedra, Pinto, Ciempozuelos o Villalba, por no mentar las provincias catalanas o las ya citadas Huesca, Palma de Mallorca y Alicante.

En Galicia, por un puñado de euros, el telón de acero se ha cerrado en forma de la suspensión de la tradicional feria agosteña. El alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, de la Marea Atlántica, ha finiquitado el contrato con la empresa promotora taurina que se venía celebrando los primeros días de agosto. Ferreiro alega «interés público», que tampoco debe ser lo mismo que el interés publicado. Y de la ultraperiferia gallega a la insularidad balear, cuyo parlamento está recibiendo hordas en forma de 130.000 firmas que buscan abolir toda expresión de la tauromaquia.

En Aragón también pintan bastos. La púrpura podemita retira la purpurina y todo destello que se precie, que ya está bien de entretener a un pueblo ahíto de folklore. Los dictados se harán a partir de ahora con Laclau y Galeano, y las viviendas ofrecerán un hilo televisivo continuo de «waku-waku». El brumario aragonés consiste en la no subvención de corridas de toros por parte del nuevo equipo de gobierno de Zaragoza, a cuyo cargo está la franquicia de Podemos. Por su parte, Huesca planea un referéndum en el que se decidirá si en la ciudad se prohíben o no los toros.

Las cuentas en la Comunidad Valenciana se han salido y rompen aguas que para qué. El nuevo Gobierno regional ya ha anunciado que no destinará dinero público a los festejos. En Alicante, según se ha anunciado, no se celebrarán corridas a partir de 2017 y el tripartito que lo gobierna piensa consultar a los ciudadanos sobre el veto total. Por su parte, el regidor de la capital, Joan Ribó (Compromís), ha declarado su hostilidad hacia el toro y no descarta fulminarlo. «El animal no puede sufrir maltrato», ha afirmado en una entrevista.

Y Madrid, ay, Carmena. La alcaldesa de la villa, con pies de plomo, tantea la dehesa con la prudencia de quien puede toparse con un astifino. Por ahora se carga de mensajes y símbolos. Primero, la renuncia al palco de Las Ventas. Segundo, proponer a modo de globo sonda la eliminación de partidas presupuestarias para escuelas y espectáculos taurinos. Tercero, el voceo de la intención de convertir Madrid en una «ciudad amiga de los animales». Cosa diferente es que haya que desratizar o desinsectar, porque animales sólo son aquellos que dicte el infantilismo.