La reforma fiscal del PNV y el PSE plantea un tipo máximo del IRPF del 49%

La reforma fiscal planteada por el PNV y el PSE-EE aspira a lograr "un reparto justo de la carga tributaria"con el que hacer posible el impulso del crecimiento económico y la protección de las políticas sociales. Con ese fin, se proponen medidas como el establecimiento de un tipo máximo del IRPF del 49 por ciento, la limitación de las deducciones fiscales para las empresas o el refuerzo de la lucha contra el fraude tributario.

Las modificaciones fiscales consensuadas entre ambos partidos -que, para que entren en vigor deben ser ratificadas por las Juntas Generales de cada territorio- son uno de los apartados más relevantes del acuerdo firmado este lunes por jeltzales y socialistas, que incluye también compromisos para la reactivación económica, la creación de empleo, el mantenimiento de los servicios públicos y la revisión de la arquitectura institucional vasca.

Ambos partidos cifran en 1.500 millones de euros los ingresos añadidos que supondría, para el periodo comprendido entre 2014 y 2016, la entrada en vigor de la reforma tributaria, prevista para el 1 de enero del próximo año. La parte de esta suma que corresponda al Gobierno vasco se destinará a incrementar los recursos destinados a la reactivación económica, que según se recoge en el documento, ascenderán a 6.290 millones de euros hasta 2016.

El texto defiende las reformas con el argumento de la necesidad de configurar "un reparto más justo de la carga tributaria entre los contribuyentes, de forma que la aportación de cada ciudadano se realice según su nivel de renta y capacidad de pago". Además, se pretende lograr "los recursos suficientes para el mantenimiento de las políticas públicas y el sistema de bienestar".

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se contempla la incorporación de nuevos tramos para bases liquidables superiores a 91.370 euros (al 46 por ciento), 121.820 euros (47 por ciento) y 177.650 euros (49 por ciento). En el gravamen sobre el ahorro, se establece una tributación al 21 por ciento para los primeros 15.000 euros, del 23 por ciento para los siguientes 15.000 y del 25 por ciento para el resto.

La cuantía exenta para las indemnizaciones por despidos se fija en los 180.000 euros. En materia de vivienda, se limita el importe máximo anual deducible a 1.530 euros o 1.700 euros para jóvenes y familias numerosas. Por otra parte, en los Planes de Previsión Social Complementarios se elimina la deducibilidad de las aportaciones a partir de la edad de jubilación.

También se prevén cambios relevantes en el Impuesto de Sociedades. Aunque el tipo se mantiene en el 28 por ciento (24 por ciento para pymes), se adoptan medidas para limitar el alcance de las deducciones. De esa forma, se establece que la cuota efectiva no podrá ser inferior al 13 por ciento, que en el caso de las pymes sería del 11 por ciento y en las cooperativas, de entre el 8 y el 9 por ciento.

Además, se eliminan los regímenes especiales y se propone un tipo general del 7 por ciento para las transmisiones patrimoniales en general. No obstante, se mantienen las especificidades vigentes.

En materia de reactivación económica, el documento prevé impulsar planes comarcales de empleo financiados con subvenciones no reintegrables, así como avales para pymes y microempresas. También se establece un 'Fondo Euskadi' para facilitar préstamos y mantener la dotación económica de los distintos planes 'renove'.

Uno de los apartados del documento se refiere a las inversiones. En este capítulo, ambas formaciones se comprometen a la ejecución de la conexión Lugaritz-Easo del metro de San Sebastián (2014-2020), la construcción de la variante ferroviaria de Ermua (2014-2017), la construcción del Hospital de Eibar (2014-2016) o la ejecución del edificio de Bio-Cruces "con posterioridad a la certificación como Instituto de Investigación por el Instituto Carlos III".