La relevancia del pago a proveedores

Recientemente, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha anunciado que se procederá a pagar 8.065 millones de euros correspondientes a la segunda fase del tercer y último mecanismo del pago a proveedores. Con esta última actuación, se habrán pagado alrededor de 42.000 millones de euros a más de 230.000 proveedores de las administraciones autonómicas y locales, lo que supone no sólo una importante inyección de liquidez para muchas empresas que tienen importantes dificultades de financiación, sino que ha permitido mantener alrededor de unos 400.000 puestos de trabajo que en caso de no haberse producido esta medida hubiesen desaparecido.

Por lo tanto, se trata de una iniciativa muy relevante que ha tomado el actual Gobierno para desbloquear una situación de impago por parte de estas administraciones que se venía arrastrando desde hace algunos años, y que lastraban muy seriamente la supervivencia de muchas empresas. Pero además, y lo que es más importante, se han aprobado, o se están aprobando, una serie de iniciativas legislativas como son la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público o la Ley de la factura electrónica, que una vez entren en vigor deberían permitir que no se volviera a generar una nueva morosidad por parte de estas administraciones públicas con sus proveedores.

Una vez que quede completado este nuevo paquete legislativo, las administraciones públicas se verán obligadas a presentar en un registro administrativo todas las facturas expedidas por sus proveedores y a publicar el período medio de pago de las mismas. En caso de producirse un impago entrarán en vigor una serie de mecanismos, que en último extremo podría llevar a la Administración General del Estado a proceder a la retención de recursos derivados de la participación en los tributos del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes de pago con los proveedores. Con el pago de la segunda fase del tercer mecanismo del pago a proveedores antes mencionado, se trata de poner al día las deudas de las administraciones públicas autonómicas y locales hasta el 31 de mayo de 2013. Sin embargo, persiste un importante impago de todas las facturas generadas desde el 1 de junio de 2013 hasta la fecha, que esperamos sean atendidas por estas administraciones sin mayores dilaciones.

Con todo ello, se debería poder alcanzar en un plazo de tiempo razonable que todas las facturas que mantienen los proveedores con las administraciones públicas sean pagadas finalmente en un plazo máximo de 30 días, tal y como señala la Ley. En definitiva, estamos ante una medida esencial para inyectar liquidez a las empresas.

*Secretario general de la CEOE