La consulta para la independencia y 45 reclamaciones más de la Generalitat

Podríamos hablar de la penúltima reunión del presidente del Gobierno con el jefe del Ejecutivo catalán y pocas cosas cambiarían con respecto a la que tuvo lugar ayer en La Moncloa más allá de que el inquilino de la Generalitat es ahora otro –con mejor talante– y de que el número de reivindicaciones se ha multiplicado por dos. El encuentro de ayer entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont puede resumirse en la contraposición de dos empeños. La insistente hoja de ruta para emprender el camino de la independencia por un lado, frente a la negativa del imperio de la ley y la unidad por otro.

Puigdemont se llevó un mensaje rotundo del jefe del Ejecutivo en funciones: no hay ningún margen para el acuerdo sobre una consulta soberanista. Sin embargo, más allá del proceso de «desconexión», sí hubo un avance importante al restablecerse los cauces de diálogo entre ambas administraciones para tratar asuntos como el déficit, el pago de cantidades pendientes y los recursos de inconstitucionalidad presentados a las leyes catalanas, según aseguró el mandatario catalán.

El president entregó a Mariano Rajoy un documento con reclamaciones como que se deje a Cataluña celebrar una consulta sobre la independencia y que el objetivo de déficit para este año sea del 1,07 por ciento.

El documento contiene 46 puntos –23 más que los que presentó Artur Mas en julio de 2014–, entre ellos 28 que la Generalitat catalana considera «incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias e interferencias en la acción del Gobierno». Se queja, por ejemplo, el Govern del recurso del Ejecutivo a la Conselleria de Asuntos Exteriores de Raül Romeva y de la «judicialización» de la política, al considerar que la delegación del Gobierno en Cataluña «ha practicado la persecución de múltiples actuaciones contra los consistorios y municipios catalanes», informa Efe.

En materia económica, además del déficit, se pide un mayor margen para la consolidación fiscal y más recursos financieros, así como la revisión del sistema de financiación autonómico y el establecimiento de un interés al 0 por ciento para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Se cifra en 842 millones de euros el dinero que, según este documento, ha dejado de recaudar anualmente la Generalitat catalana debido a los recursos presentados por el Gobierno a normas autonómicas, como el impuesto a los depósitos bancarios o el impuesto nuclear.

Son asuntos que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y su homólogo en el Govern, Oriol Junqueras, tendrán que negociar en los próximos días, tal y como se acordó ayer.

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se mostró, «como siempre, dispuesto al diálogo y la colaboración leal», pero recordó a Carles Puigdemont que «Cataluña es España» y que «juntos ganamos todos». «Haré cumplir la ley porque sin ley no hay democracia», advirtió. Puigdemont se refirió a la «judicialización de la política» por los conflictos ante el Tribunal Constitucional y Rajoy coincidió en que lo deseable sería que hubiese menos conflictos, pero para ello hay que acatar la ley.

El ambiente fue mucho más cordial que la última cita con Mas. Su sucesor habló de «discrepancias tremendas» pero se felicitó de haber «podido hablar» pese a no constatar «ningún posible entendimiento» ante la sempiterna reivindicación separatista.