Las presiones al juez y la destrucción de la democracia

La Constitución española de 1978 garantiza, en su artículo 24, la independencia e imparcialidad de los jueces como pieza básica de nuestro Estado de Derecho, tal como hace también el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se trata de una garantía del proceso equitativo que es necesario salvaguardar, porque si no se garantiza que los jueces puedan ser independientes e imparciales, quiebra toda la estructura del juicio justo tal como se entiende en los sistemas democráticos actuales.

Que el juez sea independiente significa que nada le constriñe salvo el imperio de la ley. Todo juez accede al cargo mediante concurso público competitivo, basado en sus conocimientos y en su experiencia y todo el sistema judicial está forjado para garantizarles esa independencia. No confundir aquí, como algunos hacen, a veces en forma interesada, con el Consejo General del Poder Judicial, que no imparte Justicia sino que es un órgano, elegido actualmente por el Parlamento, a cuyo cargo está el gobierno de los jueces, es decir, la parte administrativa de la organización y la impartición de justicia; pero en el Consejo General del Poder Judicial no se pueden dictar sentencias.

Que el juez sea imparcial significa que quien va a dictar la sentencia no puede tener relación de amistad, parentesco, de negocios o de cualquier otra índole con las partes del litigio, es decir, con quienes pleitean por sus derechos o intereses legítimos. Por eso, cuando existe sospecha de que pueden existir intereses mutuos entre el juez y las partes, el juez debe inhibirse o, si no lo hace, puede ser recusado puesto que de la imparcialidad depende la objetividad de la Justicia.

Los jueces y magistrados, pues, tienen garantías frente a otros poderes públicos y frente a los intereses de quienes son partes en el juicio. Y si estas garantías no se respetan, además de poder presentar los pertinentes recursos y demandas para que les sean garantizadas, pueden solicitar el amparo de su máximo órgano de gobierno, es decir, del Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que tomar las medidas oportunas para que la justicia pueda impartirse sin obstrucciones.

Existen también otras maneras de intentar interferir en la tarea que tienen que desempeñar los jueces, pues pueden encontrarse presionados por los medios de comunicación y las redes sociales, mediante los denominados juicios paralelos, que no respetan tampoco la presunción de inocencia ni el resto de garantías procesales y pretenden que la opinión pública forme un juicio de valor sobre el caso que se esté juzgando o, incluso, sobre cómo lo está juzgando el juez. Se erigen, en este caso, los medios y las redes, en contraproducentes oráculos de la justicia, que pretenden que la presión ejercida sobre la sociedad en su conjunto, afecte también a la forma de juzgar del juez, para que dicte la sentencia, no sobre la base objetiva a que el procedimiento judicial obliga, sino teniendo en cuenta lo que conviene a alguna de las partes o a terceros interesados.

También se ha producido el caso, especialmente alrededor de los temas políticamente más mediáticos y sobre todo tipo de jueces o tribunales, desde jueces de instrucción hasta las más altas magistraturas, de escraches o difamaciones, sobre los jueces y/o sus familias, con finalidad de amedrentamiento, intentando provocar que se inhiban del asunto o sobresean lo que están juzgando. No digamos cuando lo que se promueve es una presión directa pretendiendo que se dicten absoluciones o penas inferiores a las que se impondrían mediante la aplicación correcta de las normas.

Todo ello puede también ser debido a una estrategia política de deslegitimación de las instituciones, en este caso del Poder Judicial, dirigida a provocar la desconfianza de la ciudadanía en el sistema constitucional propio de las democracias actuales. No sería la primera vez que ello sucediera en la Historia contemporánea. Esta estrategia está ya muy estudiada desde la politología, advirtiendo que, de consolidarse, se pone en peligro no solo al sistema, o al juez como individuo e integrante del Poder Judicial, sino a la propia sociedad, que queda desprotegida porque no se garantiza que aquellos que tienen que velar por sus derechos puedan desempeñar debidamente sus funciones.