Las rentas de los líderes sindicales, al descubierto

El escándalo de los ERE en Andalucía ha colocado también en el centro de la polémica a los sindicatos. Según ha informado este periódico, UGT y CC OO cobraron más de 2 millones de euros a través de sociedades participadas.

El escándalo de los ERE en Andalucía ha colocado también en el centro de la polémica a los sindicatos. Según ha informado este periódico, UGT y CC OO cobraron más de 2 millones de euros a través de sociedades participadas. Otros casi 3,5 millones fueron para asesorías con vínculos sindicales y recibieron además casi 30 millones en ayudas del mismo «fondo de reptiles» de los ERE.

La falta de transparencia con la que los sindicatos vienen realizando sus actividades desde el inicio de la democracia ha favorecido, sin duda, que al final puedan producirse situaciones irregulares como ésta. Aunque las dos principales centrales sindicales lo niegan, en el caso andaluz la juez Mercedes Alaya insiste en acusarles de haber cobrado sin realizar trabajo alguno y de haber proporcionado información a la mediadora sobre empresas en crisis.

La demanda de una mayor transparencia sindical va a tener finalmente su respuesta en la nueva ley en esta materia que tramita el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quiere que el proyecto no deje ningún margen de duda sobre el compromiso del Ejecutivo a la hora de la levantar todas las alfombras y de perseguir cualquier sombra de corrupción. Ella es la que está dirigiendo las modificaciones que se están introduciendo en el proyecto de ley para perfeccionar sus efectos y favorecer, además, el acuerdo parlamentario.

En el caso sindical, la intención es que a partir de la aprobación de la nueva ley tengan que publicar sus retribuciones y rentas, que dejen de estar en tierra de nadie, sin ni siquiera una fiscalización obligada por parte del Tribunal de Cuentas. En esa dirección está trabajando el Gobierno con los grupos parlamentarios en la Comisión Constitucional del Congreso. El debate, al hilo de la Ley de Transparencia, está centrado en ver cómo se articula de la manera más efectiva posible la aplicación del sentido de esta ley a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONG y toda entidad privada que reciba importantes cantidades de dinero público y cuya labor tenga trascendencia pública y social. Desde el Tribunal de Cuentas han recomendado que se haga a través de sus correspondientes leyes específicas en vez de incluir a estas entidades particulares en el proyecto de ley que afecta al sector público.

Con independencia del citado criterio del Tribunal de Cuentas, el Gobierno defiende que la Ley de Transparencia sí que afecte a partidos, organizaciones empresariales y demás entidades que se financien con fondos públicos, y esto incluye a los sindicatos. El margen es amplio ante la actual ausencia de controles y de publicidad. Al igual que los partidos, las centrales sindicales también deberían quedar obligadas a hacer un depósito de sus cuentas anuales en un registro público. A su fiscalización por el Tribunal de Cuentas y a la regulación de la publicación de sus declaraciones tributarias, de bienes y de actividades.

En este estudio sobre cómo ampliar los efectos de la Ley de Transparencia a otras instituciones que reciben dinero público va a haber cambios que llegan incluso a la Casa Real, con matices y afectando exclusivamente a aquellas cuestiones que dependen del presupuesto público. Es decir, que la nueva norma regulará los gastos de la seguridad o los servicios que se satisfacen a través de distintos ministerios. Esto incluye al personal de la Casa del Rey, que está adscrito al Ministerio de la Presidencia; los edificios que utiliza la Familia Real y que dependen de Patrimonio Nacional; los relacionados con seguridad y vigilancia dependientes de Interior y los demás servicios que presten otros ministerios a la Jefatura del Estado. El Pacto por la Transparencia propuesto por el Gobierno incluye, asimismo, la creación de un grupo de interés en las Cortes para controlar la actuación de los «lobbies»; el establecimiento de un código de conducta con actividades, límites y obligaciones; la reforma del Código Penal para endurecer la sanción a los delitos de corrupción; la agilización de los procesos judiciales y la ampliación de periodo de prescripción; una Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas; y una Ley Orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos.