Las víctimas exigen a los jueces que cumplan la legislación española

Las víctimas sufrieron una nueva afrenta desde que la Audiencia Nacional acordara la excarcelación del histórico etarra Santiago Arrospide Sarasola, «Santi Potros», inductor del atentado de Hipercor y representante de la ETA más sanguinaria, y del también miembro de la banda Alberto Plazaola Anduaga al descontar de las penas a las que fueron condenados los periodos de reclusión que cumplieron en cárceles francesas. La decisión fue tomada justo un día antes de la entrada en vigor de una norma del Gobierno que llevaba casi 20 días publicada en el BOE y que venía a desarrollar la decisión marco de la UE a la que se agarró la Audiencia. Ahora ya sólo queda que el Tribunal Supremo se pronuncie en cómo debe interpretarse la normativa europea. Por ello y ante esta decisión, la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo registraró el pasado 12 de diciembre una carta dirigida al Alto Tribunal con el fin de que se tenga en cuenta «la humillación, indignación y el dolor» que la decisión que adoptó la Audiencia ha supuesto para las víctimas del terrorismo. Por tanto, confían en que el criterio interpretativo de la sección primera sea «anulado» y se «ajuste a la legislación española» con el fin de que los etarras excarcelados vuelvan a prisión. En el escrito, las asociación de víctimas andaluza, la murciana, la extremeña, la valenciana, la riojana, la canaria y la catalana quieren hacer partícipe al Supremo de su «disconformidad» con las excarcelaciones de los «asesinos etarras no arrepentidos» y puestos en libertad. La Federación de asociaciones autonómicas ya se pronunció junto a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, Dignidad y Justicia, Covite, la Asociación de Cuerpos y Fuerzas y seguridad del Estado en un comunicado al conocer la excarcelación de los etarras manifestando entonces su «repulsa» ante la decisión adoptada por la Audiencia, por lo que ya reclamaban al Supremo que atendiera el recurso interpuesto por la Fiscalía y tomara medidas para frenar una «injustificada». Las víctimas destacan que la decisión «cuanto menos controvertida» constituye un «daño irreparable para la salud, dignidad y justica de las víctimas del terrorismo y de todos los ciudadano». Una decisión tomada con «falta de sensibilidad».