Llarena detalla 21 «actos de violencia» sólo durante el 1-O

Enumera casi un centenar de agentes heridos en el operativo para impedir el referéndum.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena –que investiga a los principales responsables del proceso independentista en Cataluña– detalló en las euroórdenes cursadas para conseguir la entrega de Carles Puigdemont y de los ex consellers huidos un total de 21 «actos de violencia» sólo en la jornada del referéndum ilegal del 1-O. Esa relación, en la que hace referencia a 93 agentes heridos de Policía y Guardia Civil, resultó sin embargo insuficiente para el Tribunal de Schleswig-Holstein, que no apreció la violencia que precisa el delito de alta traición, equiparable en el país germano al de rebelión por el que se reclama, junto al de malversación (que ahora deberá acreditar el juez español), al ex president.

Llarena asegura en la euroorden que tras el «violento levantamiento» del pasado 20 de septiembre (cuando se produjo el asedio de la Consejería de Economía para impedir los registros judiciales), movilizados por las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural «un número importante de ciudadanos hicieron frente a la labor de los policías». «Además de las lesiones sufridas por diversos ciudadanos fruto del uso de la fuerza policial” (la Generalitat cifró las denuncias en 1.066, aunque el pasado diciembre en los juzgados catalanes estaban tramitándose poco más de 300) –reseña el magistrado–, esa oposición a la actuación de las Fuerzas de Seguridad se plasmó «en numerosos actos de violencia que lesionaron a distintos agentes o causaron daños en su material». En total, Llarena relaciona 35 agentes heridos de la Guardia Civil y otros 58 de la Policía.

El mayor número de lesionados que detalla en las euroórdenes el juez Llarena se produjo en cuatro centros de votaciones (Escuela Oficial de Idiomas, CAP Cappont, en el IES Caparella y en el centro de formación de adultos Juan Carlos I) de Lérida y en su comisaría provincial, donde 20 agentes de la Policía Nacional resultaron heridos. Uno de ellos, a consecuencia del lanzamiento de una piedra.

En Barcelona, 18 policías sufrieron heridas en los centros de votación de la calle Jaume Balmes, la Escuela Mediterránea, el CEIP Estel, el IES Joan Fuster, el CEIP Ramón Llull, el IES de la calle Pau Clarís y el centro de votación de la calle Escolas Pias Sant Antoni.

En Tarragona, los agentes lesionados referidos por el magistrado español son once: en los centros de votación del Centre Civil Campclar y en los institutos Torreforta, Comte Rius y Tarragona. En Gerona, el balance de agentes heridos es de nueve, lesiones que sufrieron en el CEIP Verd, en el CEIP Dalmau Carles y en plena vía pública.

Respecto al despliegue de la Guardia, las euroórdenes se refieren, entre otras, a una concentración de 350 personas que impedía el acceso al centro de votación de la calle Empordá de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), «generándose la agresión de los agentes que intervinieron», cuyo número sin embargo no precisa.

En otra concentración, ésta de unos 300 ciudadanos «que se opusieron a la actuación policial» en el paseo Anselm Clavé de Callús (Barcelona), se produjo a consecuencia de los golpes «un traumatismo en la zona testicular» a un agente.

Un centenar y medio de personas, añadía Llarena, también trató de impedir que los agentes de la Guardia Civil decomisaran las urnas y papeletas del pseudocolegio electoral situado en la calle Miquel Martí i Pol, en Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona), provocando lesiones a cinco agentes cuyos números de identificación se reseñan.

En Sant Andreu de la Barca, los agentes se enfrentaron a la oposición de 300 personas que les impidieron el acceso al centro de votación de la calle Constitución, «sufriendo agresiones consistentes en patadas y puñetazos, además de múltiples insultos». Una situación similar a la que se vivió, recuerda el magistrado español, en el municipio barcelonés de Castellgalí, donde 200 personas «se enfrentaron con empujones, patadas y esputos a los agentes».

En Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), un guardia civil «fue agredido con una silla» y en la también localidad barcelonesa de Fonollosa, donde el centro de votación de la calle de la Iglesia otro agente sufrió lesiones «por una patada». En San Carles de la Rápita (Tarragona), otro guardia civil «sufrió el impacto de un proyectil en el ojo derecho» y los daños en vehículos y material policial como consecuencia del «lanzamiento de piedras, golpes y patadas» se cifró en 17.242 euros, recuerda Llarena.

Al margen del 1-O, las OEDE también hacen referencia al «vandalismo», «lanzamiento de objetos» y «asedio» durante los disturbios del 20-S frente a la Consejería de Economía.