Los alcaldes soberanistas tendrán que pagar por no izar la bandera

El decidido intento de la Delegación del Gobierno por hacer cumplir la Ley de Banderas en todos los municipios de Cataluña hace tiempo que ha comenzado a surgir efecto. Cada vez son menos los ayuntamientos soberanistas que desafían la normativa, la cual obliga a colocar en un lugar preferente de la fachada municipal todas las enseñas oficiales. La Delegación aún mantiene algunos requerimientos, pero buena parte de ellos ya han sido atendidos, ya que la legislación no deja lugar a dudas, ni tampoco la jurisprudencia existente.

En todo caso, la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, quiso disuadir a quienes todavía tratan de burlar la ley, sea colocando banderines españoles de reducidas dimensiones, sea ocultando la enseña nacional. De Luna recordó que la Ley 39/1981 establece que las todas las banderas oficiales deben ondear en un lugar «preferente y con carácter permanente» y todas deben tener «un tamaño adecuado». Dicho esto, recordó que la jurisprudencia es extensa y que los municipios rebeldes tienen todas las de perder, por lo que recordó –en un mensaje no sólo dirigido a los gobiernos municipales sino también a los gobernados– que si incumplen la Ley de Banderas deberán usarse los recursos municipales para asumir las costas judiciales del proceso.

La delegada subrayó en este sentido que en todas las sentencias «se da la razón al Gobierno en el cumplimiento» de la ley, y que asimismo «se está condenando a esos municipios al pago de las costas procesales, un dato que es importante». Llanos de Luna recordó, además, que la Delegación ha presentado un total de 80 requerimientos.

La delegada ofreció estas explicaciones en un acto junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que también lanzó un llamamiento a la «normalidad». «Lo mejor es que no entremos en guerras de banderas», pidió Fernández Díaz, que recordó los precedentes. «Hace años hubo en el País Vasco lo que se conoció comúnmente como "guerra de banderas". Cataluña fue ajena a aquel conflicto y ojalá no arraigue entre nosotros». Asimismo, expresó su confianza en que la ley «se cumpla con normalidad, respetando la bandera de España, la de Cataluña y la del municipio correspondiente, con naturalidad y normalidad».

«Hablamos de símbolos que deben ser respetados por todos, más allá de los sentimientos de cada uno, porque es lo que garantiza una convivencia en libertad y en paz. Ojalá no tengamos que entrar en estas dinámicas que no son beneficiosas para una normal convivencia», reflexionó el ministro.

La lista de municipios que han corregido su desafío es larga. La relación confeccionada por Libertad Digital, incluye en la provincia de Barcelona a Abrera (gobernado por el PSC), Els Hostalets de Pierola (PSC), Sentmenat (CiU), Vacarisses (Unió Independent per Vacarisses), Santa Coloma de Cervelló (Progrés) y Sant Sadurní d'Anoia (PSC, con acuerdo con ERC). En Lleida a Agramunt (ERC), Cervera (CiU), Golmés (CiU), Ribera d'Urgellet (CiU), Consejo Comarcal del Segrià (CiU) y Consejo Comarcal de l'Urgell (CiU). En Girona a Bolvir (Endavant Cerdanya), Mont-ras (CiU), Palafrugell (PSC), Palamós (PSC), Puigcerdà (CiU), y el Consell Comarcal de la Cerdanya (CiU). Y en Tarragona: Mora de Ebro (CiU).

Elecciones electrónicas

En el mismo acto –que reunió al ministro del Interior y a la delegada, así como al alcalde de Barcelona, Xavier Trias–, el Gobierno anunció que impulsará en tres ciudades españolas (Barcelona, Valladolid y Córdoba) cerca de dos mil mesas electorales administradas electrónicamente (MAE) en las próximas elecciones europeas del 25 de mayo.

Barcelona tendrá 1.246 mesas administradas electrónicamente (un 85 por ciento del total de mesas de la ciudad), por 324 de Córdoba y 310 de Valladolid, con un total de 1.900 equipos que «permitirán la gestión del proceso electoral electrónicamente y una agilidad en este proceso que no tendrá precedentes», según explicó el ministro.

En sistema contará con una «aplicación clara, intuitiva y de manejo sencillo, una herramienta muy útil y que de cara al futuro ofrece interesantísimas mejoras desde el punto de vista electoral, y a medio plazo posibilita un gasto público sensiblemente menor», concretó. En todo caso, no se trata de un voto electrónico, sino de un sistema para facilitar la gestión del proceso electoral.