Los bancos no podrán condonar deudas a los partidos

Fin a las obscenas condonaciones de deudas de los partidos por parte de las entidades financieras. Sea cual sea la cuantía. Y nuevas trabas, por tanto, al intercambio de favores entre unos y otras. El Anteproyecto de Ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos prohíbe esas condonaciones, entendidas como «las cancelaciones totales o parciales del principal crédito o las renegociaciones de los tipos de interés por debajo del precio del mercado». Hasta ahora, el límite de «perdón» establecido formalmente era de 100.000 euros anuales.

Además, la nueva ley prohíbe las donaciones de personas jurídicas. Después de la última reforma legal introducida por este Gobierno, los partidos políticos podían recibir donaciones procedentes de personas físicas o jurídicas con el límite de 100.000 euros anuales. A partir de ahora, sólo podrán ser realizadas por personas físicas, estableciéndose un régimen de devolución de donaciones indebidas que, en caso de no poder ser reingresadas al donante, irán a parar al Tesoro. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó la distinción en que «entendemos que cuando la donación la hace una persona física se produce como consecuencia de su vinculación política, de su compromiso por afiliación, simpatía o convicción inherente a la libertad individual de los ciudadanos. Éste tiene que ser el cauce lógico de financiación».

No se eliminan las donaciones de las empresas a las fundaciones de los partidos, aunque se establecen nuevos controles. La vicepresidenta justificó que no se extienda la prohibición a las fundaciones en el hecho de que éstas, por su carácter jurídico, son diferentes a los partidos y, por tanto, no se puede impedir que las financien las empresas.

La futura ley también establece la obligación de que los partidos, sin excepción, presenten su contabilidad al Tribunal de Cuentas en los primeros seis meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran; clarifica el régimen de infracciones y sanciones en materia de financiación y obliga a los partidos a establecer un procedimiento normalizado de contratación para incrementar la transparencia. Los partidos también estarán obligados a inscribir a las fundaciones o asociaciones que estén vinculados a ellos.

En relación a la figura del responsable económico-financiero de los partidos, en la nueva regulación se le señala como responsable último de las malas prácticas en el manejo de la contabilidad que puedan producirse, como adelantó ayer este periódico. Así se cubre el actual vacío legal que facilita, según el Gobierno, que las irregularidades puedan salir gratis. Además, estarán obligados a comparecer anualmente ante el Parlamento. El anteproyecto también detalla la clarificación del régimen sancionador del control de la actividad económica y financiera de los partidos, tipificándose como infracción el citado incumplimiento de los límites o requisitos para recibir donaciones, la realización de actividades mercantiles, la falta de adecuación de los libros de tesorería y la falta de deber de colaboración. Todos los partidos tendrán la obligación de publicar en sus webs las subvenciones y donaciones superiores a la cantidad determinada.

En la reforma se establecen, asimismo, las sanciones pecuniarias para cada tipo de infracción y para garantizar su cobro efectivo intervendrá directamente la Agencia Tributaria, según resaltó ayer la vicepresidenta. El Tribunal de Cuentas emitirá justificante de que un partido ha cumplido con su obligación de presentar las cuentas. Y el que no lo tenga se quedará sin subvención.

Los cambios penales se incluirán vía enmienda en la reforma del Código Penal en trámite parlamentario, el marco en el que se negociarán, por tanto, con los grupos parlamentarios. El Gobierno agilizará el procedimiento y reforzará las garantías en el proceso penal para que los condenados no se lucren con los efectos de su delito. También reforzará el tratamiento penal de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraudes y exacciones ilegales. Y modificará la Ley de Contratos del Sector Público para ensanchar los supuestos de personas que no pueden acceder a la contratación pública, prohibiendo a los condenados acceder a esa contratación, recibir subvenciones e incentivos fiscales.

Todas estas medidas forman parte del paquete de regeneración democrática que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el Debate del Estado de la Nación del pasado mes de febrero. Y al que volvió a apelar en la comparecencia extraordinaria de principio de agosto, forzada por las novedades sobre el «caso Bárcenas» que investiga la supuesta contabilidad «B» del PP.