Los "fontaneros"del 155: "Casi cabe ya el estado de excepción"

Dirigentes del PP creen que «esto se ha ido de madre» Apuntan que intervenir ahora la Generalitat «podría volverse en contra porque los violentos ya han tomado las calles».

LA RAZÓN ha tomado el pulso a algunos de los dirigentes del PP que estuvieron en el plano más técnico de la toma de decisiones del Gobierno de Rajoy ante el referéndum ilegal del 1-0 y coinciden en señalar que la situación «se ha ido tanto de madre» que casi cabe pensar ya «en el estado de excepción para tomar el mando de la calle». «El Gobierno no revisará su posición porque la medida está contaminada por haberla propuesto Vox, ése es el problema, pero éste es un camino que podría haberse explorado».

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya decidió declarar el estado de alarma con la huelga de controladores para acabar con el caos aéreo. Fue la primera vez en la historia de la democracia que se utilizó esta medida constitucional. El estado de excepción se declara mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La Ley de Seguridad Nacional estuvo también sobre la mesa del Gobierno de Rajoy, pero quienes participaron en aquellas deliberaciones explican ahora que el inconveniente es que requiere de un desarrollo reglamentario, que hizo dudar de la efectividad y rapidez de la medida. Y además ahora no puede alegarse que no existe coordinación policial.

Asimismo, según el análisis de los «fontaneros» del 155, en 2017 concurrían elementos que ahora no se dan en lo que afecta a la aplicación de esta prerrogativa constitucional, y hay quien añade que, llegados a esta situación de graves desórdenes públicos, la intervención de la Generalitat «podría volverse en contra en una primera reacción porque los violentos ya han tomado las calles, algo que no ocurrió en 2017». Otro punto importante es el de quien señala el papel que debería jugar en estos momentos el Tribunal Constitucional (TC), que entienden que es «quien debería actuar contra Torra por alentar a los violentos, con medidas como la de retirarle las competencias». El Constitucional ya ha advertido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de las consecuencias penales de volver a llamar a la autodeterminación o atacar a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En este nivel técnico de colaboradores de Rajoy, que conocieron de primera mano las dificultades de gestionar una crisis de Estado como ésta, también comparten el mismo análisis sobre las dificultades a las que se enfrenta Pedro Sánchez. «Ojo que una mala gestión de esto se lo puede llevar por delante. Te recuerdo el 11-M; y lo de Franco, también mal gestionado, le puede llevar directo al desastre».

Dos años después, ya reconocen sin matices que el artículo 155 se aplicó tarde la primera vez, y que se retiró demasiado pronto, «pero fue una medida eficaz y representó el momento más débil del soberanismo». «Estamos en otra fase y hay herramientas, pero tienen que adaptarse a la nueva situación». «La gran sorpresa para todo el Gobierno de Rajoy fue que el día después del 155 no pasó nada. Ahora hay mucho más desorden público, pero entonces no sabíamos hasta dónde podía llegar el enfrentamiento social. Ahora da la sensación de que se han perdido dos años mientras los independentistas se dedicaban a armarse y que ha fallado otra vez la información sobre a qué estaban dedicándose los mismos jefes de las urnas que no aparecieron».

Ante el debate sobre por qué los Mossos sí colaboran ahora con las Fuerzas de Seguridad del Estado y no lo hicieron antes, la lectura de quienes conocieron de primera mano la relación del Gobierno de Rajoy con la policía autonómica da un punto de luz muy clarificador. La diferencia entre la situación anterior y la actual no es la gestión política, ni puede achacarse a «habilidades del ministro Marlaska», sino, simplemente, a que ahora «están colaborando con las Fuerzas de Seguridad del Estado porque son éstas las que les están cubriendo las espaldas y salvando de ser arrollados por los pirómanos independentistas», comenta un alto cargo de Interior de la etapa de Rajoy. «Necesitan a la Policía, no es que colaboren con ella. La situación es una prueba más de que una Cataluña independiente es absolutamente inviable, no es ni capaz de garantizar las libertades y derechos de todos sus ciudadanos», apostilla una de las personas que tenía voz y mando entonces en La Moncloa.

Es decir, la explicación que dan es que en 2017 se impusieron las órdenes políticas porque aquel contexto no tenía nada que ver con éste: ahora el Estado español está ayudando a la Policía autonómica, y entonces el Gobierno autonómico utilizó a su policía para dificultar la acción del Estado español. «Los Mossos colaboran ahora con las Fuerzas de Seguridad porque les están garantizando su propia seguridad. Están absolutamente sobrepasados», reflexiona otro alto cargo del Ejecutivo de Rajoy que estuvo en primera línea, pero con residencia en Cataluña.

La reflexión de estos «fontaneros» de Rajoy añade que «los contenedores ardiendo son un problema de orden público. Grave y muy intenso, sí, pero el que debe preocuparnos es el social. Mientras se quede en manifestaciones, marchas y huelgas, no irá a más. El problema es que de verdad esto explote y puede hacerlo en cualquier momento. Los contenedores arden en Barcelona, si llegamos a verlos en Gerona o en el bajo Ampurdá, ya no bajará».

Desde la experiencia de estar en el gobierno y afrontar la crisis catalana de la declaración unilateral de independencia, la impresión es que la postura del Gobierno en funciones de no hacer nada es «muy complicada de mantener con la que hay montada». «Pero puede ser que esto desaparezca el fin de semana y como Moncloa está consiguiendo que sus satélites trabajen bien la idea de que no pasa nada, pues a pasar página. Muy difícil, pero es una posibilidad».