Los Franco insisten en la inhumación en la Almudena: hay más riesgos de seguridad en el fútbol

En su escrito de alegaciones consideran el proceso “una farsa” y defienden que el decreto del Gobierno persigue un caso único que quiebra el principio de igualdad

El mismo día en que vencía el plazo, la familia Franco, por medio de su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, presentó hoy su escrito de alegaciones finales en el procedimiento puesto en marcha por el Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

En un escrito de 55 páginas, los nietos de Franco dan cuenta de las "múltiples irregularidades" que han detectado en los trámites para proceder a la exhumación, que llegan a calificar de "farsa administrativa" para dar cobertura legal a una decisión tomada de antemano por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en junio pasado. Según declaró ayer a este periódico Juan Chicharro, presidente de la Fundación Franco, lo único que ha hecho el Ejecutivo es “una mascarada para dar una apariencia de cobertura legal a lo que es algo increíble”.

El texto dedica especial atención a poner en evidencia el informe de la Delegación del Gobierno de Madrid sobre los supuestos problemas de seguridad que desaconsejan una eventual reinhumación de los restos de Franco en la Cripta de la Catedral de la Almudena. Citando a "expertos consultados en materia de seguridad", la familia advierte de que estos han concluido que los riesgos de llevar los restos a la cripta, la única opción para los siete nietos en caso de que la exhumación se ejecute, son “ciertamente reducidos”, según una nota de prensa enviada por el letrado de los Franco. Y detalla el abogado esas razones: "Por ser la zona en la que se ubica dicha cripta altamente segura por la elevada presencia de fuerzas de seguridad del Estado, con medidas de control antiterrorista y restricciones; por no ser objetivo del terrorismo islámico, única amenaza terrorista considerada en la actualidad; por no ser relevante la afluencia prevista de visitantes (máximo de 1.000 diarios) respecto de otros eventos que se celebran en la capital, como los partidos de fútbol que concentran a 100.000 personas en el centro de Madrid durante un plazo de tres horas, o el Museo del Prado con casi 3 millones de visitantes anuales; y por considerarse despreciable el riesgo de disturbios de orden público de carácter ideológico, citando el precedente de la reciente manifestación convocada por Unidos Podemos, UGT y CC OO contra el eventual traslado de los restos a La Almudena que apenas congregó a 200 personas".

Los Franco insisten en sus alegaciones en denunciar que el procedimiento administrativo abierto por el Gobierno, con un decreto ley en teoría de carácter general aplicable a todos los cadáveres inhumados en el Valle de los Caídos, no cumple los requisitos del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica (haber fallecido a consecuencia de la Guerra Civil). También remarcan que el procedimiento establecido parece "de carácter singular, única y exclusivamente dirigido a la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco, excluyendo del mismo a cientos de afectados por la citada norma"y se preguntan por qué la familia del dictador debe"soportar el dolor, la humillación y la afrenta de ver desenterrado a su abuelo, con evidente intención de agraviar su imagen y recuerdo, antes que el resto de familias que tienen a parientes en la misma situación".

El escrito denuncia asimismo la doble violación de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa que constituyen, a su juicio, tanto la exhumación de los restos mortales en contra de la voluntad de la familia, como la injerencia del Gobierno en el ejercicio del derecho de la familia a decidir el destino de tales restos en caso de que se procediera a la exhumación.

La familia hace referencia en este punto a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso Solska y Rybicka contra Polonia, en la que se condenó al Gobierno polaco por realizar una exhumación de restos mortales en contra de la voluntad de los familiares y sin dar a estos la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para invocar la violación de sus derechos humanos.

El último gran argumento de los Franco apela, además, a la falta de jurisdicción del Gobierno español para acordar la exhumación tras el reconocimiento expreso por parte del Ejecutivo el pasado 8 de noviembre "del carácter inviolable de la basílica del Valle de los Caídos derivado de su condición de lugar de culto". Los Franco recuerdan esa circunstancia (que procede del tratado entre España y la Santa Sede de 1979) así como la expresa denegación por la autoridad eclesiástica competente –el abad en funciones del templo, Santiago Cantera– para acceder a la basílica para realizar la exhumación

Según el presidente de la Fundación Franco, “está claro que las alegaciones, precisas, largas y muy detalladas, son papel mojado para el Gobierno. Somos absolutamente conscientes”.

El siguiente paso que se prevé por parte del Ejecutivo será presentar la resolución de su acuerdo de exhumación y a partir de ese momento la familia puede elevar un recurso al Tribunal Supremo, que decidirá las medidas cautelares que considere oportunas y, en tanto no se resuelve –el plazo es de dos meses–, la exhumación estará paralizada. El general Chicharro considera que el traslado del cuerpo “no se llevará a cabo. Confiamos en la justicia, no confiamos en el Gobierno para nada, y esperemos que así sea”. “Estamos tranquilos y unidos”, asegura el que fuera ayudante de campo del Rey Don Juan Carlos, “pero además en última instancia está la postura de la Iglesia representada por el prior, que se va a oponer, desde luego, si no hay permiso de la familia. Eso es inamovible”.