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España

Los Franco pueden alargar el proceso en el Constitucional

La familia espera que el Tribunal Supremo adopte las medidas cautelares que le solicitó el día 4.

La familia espera que el Tribunal Supremo adopte las medidas cautelares que le solicitó el día 4.

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A doce días del 10 de junio, la fecha que el Gobierno de Pedro Sánchez fijó para proceder a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, la familia del antiguo jefe de Estado presentó ayer una demanda ante el Tribunal Supremo en la que desarrolla los motivos de su recurso para evitar el traslado de los restos y con la que denuncia la, a su juicio, «manifiesta inconstitucionalidad» del real decreto ley impulsado por el Ejecutivo del PSOE con tal fin.

La demanda, que será detallada hoy en una nota de prensa dado lo prolijo de su contenido
–que abarca más de cien folios–, explica los argumentos de la defensa en dos partes. La primera expresa el planteamiento de la cuestión de «inconstitucionalidad» del real decreto ley, mientras que un segundo apartado analiza las vulneraciones de la legalidad ordinaria: competencia para realizar una exhumación en lugar sagrado, la afectación de los derechos fundamentales, las irregularidades del procedimiento en cuanto a la legalidad urbanística y lo tocante a la sanidad mortuoria, entre otras cuestiones del procedimiento.

Lo que los nietos de Franco pretenden es que el Supremo «eleve la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional», según el letrado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, para quien este paso puede «alargar el proceso de forma absolutamente indefinida». No se trata de una cuestión de estrategia procesal para dilatar la cuestión, sino «lo que haría cualquier abogado, porque la inconstitucionalidad del real decreto ley es palmaria», asegura Utrera-Molina. «Desde el principio lo hemos denunciado en todos los escritos», insiste.

En cualquier caso, lo que tanto la familia como la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) confían es que antes de la fecha señalada por el Gobierno, el Tribunal Supremo adopte las medidas cautelares que solicitaron y paralice la exhumación. En concreto, y al no haberlo hecho ayer –el Alto Tribunal se reúne los martes–, «es probable que el auto lo tengamos el día 4 de junio», apuntaban a este diario.

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El presidente de la Fundación, Juan Chicharro, insistía ayer en la «tranquilidad» con que afrontan el «ultimátum» gubernamental. «Creemos que en cualquier momento, desde luego antes del 10 de junio, el Supremo dictará las medidas cautelares».

Pero hay otro asunto aún por decidir y es el de la licencia urbanística que el Gobierno solicitó para llevar a cabo las obras necesarias para la exhumación en la Basílica del Valle de los Caídos, que le fue denegada. El magistrado José Yusty Bastarreche dictó un auto el pasado 25 de febrero, tres días después de recibir la demanda de un particular, que invalidaba un informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para la intervención en Cuelgamuros. El escrito del juez daba por bueno a su vez un informe de la Fundación Franco que invocaba el denunciante y concluía que las obras ponen en riesgo «la vida o la integridad física de los técnicos u operarios» que deberían mover la lápida sepulcral, de 2.000 kilos de peso.

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El texto de la querella impugnaba el informe del consistorio por el que se declaraban «admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco» y su «traslado a otro lugar», que no es otro que el panteón del cementerio de Mingorrubio-El Pardo.

Aunque para el general Chicharro «lo más importante de todo, y a mi juicio no se le está dando la relevancia que merece, es que el prior de la comunidad benedictina se opone en rotundo a que el Ejecutivo entre a exhumar». Considera el responsable de la Fundación Franco que «es una prerrogativa que le corresponde al religioso de acuerdo al tratado de España con la Santa Sede. Se pidió autorización y no se concedió, de manera que no sé cómo lo van a hacer», argumenta. «Estamos muy tranquilos. Sin el permiso del prior nadie va a poder entrar ahí».

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