Llarena y su familia llevan escolta desde que encarceló a Turull

El juez del Tribunal Supremo está en el punto de mira de los radicales independentistas desde que comenzara a instruir la causa contra los cabecillas del «procés» el pasado noviembre.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y su familia cuentan desde hace cuatro días con protección a raíz de las amenazas que ha sufrido desde sectores independentistas catalanes, según han informado a LA RAZÓN fuentes policiales.

Nada mas conocerse dichas amenazas, tras las decisión del magistrado de enviar a prisión al candidato a la investidura Jordi Turull y los consejeros Romeva, Rull y Bassa junto a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los responsables de las Fuerzas de Seguridad ordenaron que se le diera protección inmediata ante la certidumbre, como se ha confirmado, de que el asunto iría a peor, dada la radicalidad de esos sectores.

Aunque por razones de seguridad no se ofrecen detalles del dispositivo, expertos que ha consultado este periódico han señalado que será dinámico y estático. Es decir, que se protegen los movimientos del magistrado, su familia, viviendas, despachos o lugares de trabajo, etcétera.

Ayer mismo en las redes sociales se publicó la identidad de la esposa del magistrado del Supremo. El tuit en cuestión señalaba a Gema Espinosa, «La mujer del hijo de puta de Llarena», que es directora de la Escuela Judicial ubicada en Barcelona». También se decía que vive en Sant Cugat del Vallès y que Llarena acude allí a pasar «los fines de semana». Esta amenaza se produce un día después de que la vivienda que tiene Llarena en Das en la Cerdanya apareciera con pintadas llamándole fascista.

Las Fiscalía ya ha abierto una investigación para rastrear en las redes las ofensas al juez que ha juzgado a la cúpula del «procés» por si fueran constitutivas de un delito de injurias o de odio, tipificado en el Código Penal. Las actuaciones se producen horas después de que el Consejo del Poder Judicial pidiera protección para Llarena.

Amenazas como publicar, con todo detalle, los domicilios de las personas a las que se quiere amedrentar es una de las tácticas de los grupos violentos que operan en Cataluña, cuyo principal exponente son los Comités de Defensa de la República (CDR), integrados por militantes de la ANC, Omnium y Arran (las juventudes de la CUP).

Ser trata de una estrategia perversa, ensayada mil veces en el País Vasco por ETA y los grupos de su entramado, que consiste en hacer «incómoda» la convivencia, hasta buscar la exasperación de los que consideran enemigos de la causa que defienden, en este caso la secesión de Cataluña.

Por su parte, el ministro del Interior dijo ayer que su departamento garantizará protección para jueces con el objetivo de que el Estado de derecho no se vea «amenazado ni cuestionado por nadie» como así ha sucedido con los «gravísimos» y «lamentables» ataques al domicilio del juez.

Otros jueces coaccionados

No es la primera vez que jueces que llevan a cabo investigaciones contra los líderes independentistas han sido sometidos a coacciones por parte de los radicales. En noviembre de 2017 la Fiscal Jefa de Barcelona, Ana María Magaldi, denunció que sus segunda residencia en el Pirineo había sido allanada en varias ocasiones. Asimismo, el juez que instruye la causa del referéndum del 1 de Octubre, Juan Antonio Ramírez Sunyer, sufrió pintadas amenazantes en su residencia de un pueblo de la Costa Brava.