Los jueces no quieren ir a Cataluña

La situación política en Cataluña, donde las presiones de los sectores independentistas radicales no cejan, afecta al Poder Judicial

La situación política en Cataluña, donde las presiones de los sectores independentistas radicales no cejan, afecta no sólo a la economía y a la convivencia en general, sino también a uno de los poderes del Estado. En concreto, al Poder Judicial, a quienes lo encarnan en esa comunidad autónoma. Año tras año, desde que se inició la deriva secesionista y los jueces tuvieron que asumir las responsabilidades intrínsecas a su cargo, actuando contra quienes se saltaban la legalidad vigente, la situación ha llegado a tal extremo que cada vez son más quienes desean abandonar sus destinos en los juzgados catalanes por otros más «cómodos» para ellos y sus familias. Y, consecuencia de lo anterior, aumentan de forma paulatina las sedes judiciales que no cuentan con un magistrado titula al frente. La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña refleja cómo a finales del pasado año las vacantes superaban las 90, aunque a día de hoy esta cifra es superior, «pero marca claramente una tendencia», señalan fuentes del Consejo General del Poder Judicial.

Este hecho se ha constatado muy recientemente en el último concurso de ascenso de jueces a magistrados, donde casi el 40 por ciento de las plazas –el porcentaje se situaría en torno al 37 por ciento– que salieron en el citado concurso estaban radicadas en Cataluña. ¿El motivo? Quienes ocupaban esos destinos habrían optado por trasladarse, en no pocos casos después de varias décadas, al considerar que la situación, para ellos mismos pero sobre todo para sus familias, hacía aconsejable un cambio de destino a otra comunidad y dejar atrás gran parte de su vida. «En Cataluña siempre ha habido movilidad, pero nunca a los niveles de ahora y esto hay que reconocerlo. Ahora, hay magistrados que están abandonando Cataluña tras 25 años en los juzgados o tribunales de Cataluña», afirman a LA RAZÓN fuentes del CGPJ.

Y que, se incide al respecto, aunque es cierto que el cuerpo de opositores catalanes a judicatura es bajo, «siempre llegaban un buen número de aprobados que procedían de otras comunidades y se quedaban un buen número de años, cuando no de forma definitiva». Sin embargo, la situación en la actualidad ya no es así: «Ahora, prefieren ir destinados a un juzgado de un pueblo y esperar ahí dos años hasta que pueda ascender a magistrado y cambiar de destino, porque prefieren vivir en un pueblo antes que en una gran ciudad como puede ser Barcelona».

«Situación insoportable»

Este es el resultado, se añade al respecto, «de la situación casi insoportable» en que tienen que vivir» los jueces y magistrados destinados en la comunidad de Cataluña, «especialmente en los últimos cuatro o cinco años»: «Han visto cómo se tiran excrementos a las sedes e incluso se ha tenido que exigir un plan de vigilancia para protegerlas y aguantando continuas protestas, algunas de ellas con el Gobierno de la Generalitat al frente».

El Consejo General del Poder Judicial considera que es del todo necesario incentivar a los jueces a solicitar destino en Cataluña y evitar que los que ya ejercen en ese territorio opten por un traslado a otra comunidad. Para ello, una de las medidas que podría contribuir a lograr esos objetivos es incentivar con un «plus» económico esos destinos, igual que sucede, por distintos motivos, con los destinados en País Vasco, Navarra, Valle de Arán, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Esta pretensión fue planteada por el CGPJ al Ministerio de Justicia en la última reunión de la Mesa de Retribuciones.

Sin embargo, la parálisis política que sufre nuestro país hace que esa opción, donde el Ministerio de Hacienda también tendría algo que decir, sea prácticamente inviable con un Gobierno en funciones y donde la actividad parlamentaria es más bien escasa. Para que se pudiera aprobar ese incentivo económico sería necesario que el Ejecutivo lo propusiese a través de un proyecto Ley o que cualquiera de los grupos la presentara como iniciativa para su tramitación.

Esta situación se concreta, según fuentes judiciales, en el hecho de que en los dos últimos años han sido unos 60 jueces y magistrados los que han optado por dejar sus destinos en Cataluña y ejercer en otras sedes judiciales fuera de ese territorio (en 2018 fueron 48); mientras que, por el contrario, el número de los que han solicitado plazas en Cataluña ha sido mucho menor. Así, la memoria de este año del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña refleja estadísticamente todo lo anterior. En este sentido, la plantilla orgánica de jueces y magistrados en 2018 (datos a los que hace referencia la citada memoria) es de 820 plazas, pero los titulares nombrados eran de sólo 774. Este hecho ha originado que se haya tenido que recurrir a 116 jueces sustitutos y magistrados suplentes para atender todas las sedes judiciales y que se haya tenido que implantar un sistema de «retenes» en los juzgados para evitar el atasco de las causas .